El número 60 de Sloane Avenue de Londres
El Vaticano testifica desde hoy en un juicio por la compraventa opaca de un edificio en Londres
En esta operación estuvieron implicados muchos de los imputados por el caso Becciu. Este nuevo proceso comenzó tras una demanda de Rafaelo Mincione, condenado por la justicia de la Santa Sede por blanqueo de capitales, malversación y corrupción
El caso Becciu, el primero en el que un cardenal de la Iglesia católica ha sido condenado a prisión por fraude y malversación, ha dado el salto de la justicia vaticana a la londinense. Desde este jueves 4 de julio el Vaticano está llamado a testificar ante un tribunal del Reino Unido después de que uno de los condenados en primera instancia en el caso Becciu, Rafaelle Mincione, interpusiera una demanda civil por la compraventa opaca de un inmueble del número 60 de la avenida Sloane de Londres.
Los delitos por los que fueron condenados en la Santa Sede los diez acusados en esta operación inmobiliaria que acabó en extorsión van desde el fraude al soborno. Esta condición hace que sea imposible que testifiquen en este nuevo proceso algunos de los actores de la Secretaria de Estado del momento en el que se llevó a cabo la compraventa, como Angelo Becciu o el antiguo funcionario de la oficina administrativa del Vaticano Fabrizio Tirabassi. Por ello, el único testigo será el arzobispo Edgar Peña Parra, número tres de la Secretaría de Estado desde 2018.
La demanda que ha iniciado este proceso fue interpuesta por Mincione en 2020. El financiero fue condenado por el Vaticano a 5 años y seis meses de prisión, más de 8.000 euros de multa e inhabilitación perpetua para cualquier cargo público por blanqueo de capitales, malversación de fondos y corrupción. Su objetivo con la querella interpuesta fue demostrar que actuó «de buena fe» en las transacciones con la Santa Sede para la compraventa del edificio londinense.
No obstante, la Secretaría de Estado ha defendido en todo momento que el precio por el que adquirió el inmueble era inflado entre 56 y 101 millones de libras más. Esto provocó un «grave perjuicio» a la Santa Sede –un agujero en las arcas pontificias de 139 millones de euros–, que poseía el 45 % de la propiedad, según declaró la abogada del Vaticano en el caso, Paola Severino en su alegato final, el pasado mes de septiembre.
