Salvador Illa, portavoz del PSC y exministro de Sanidad
Contratos pandemia
El Tribunal de Cuentas ve «incidencias» en los contratos que firmó Illa en 2020 por la pandemia
Los expedientes analizados alcanzan en su conjunto los 551 millones de euros, de los cuales 538 millones fueron adjudicados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
El Tribunal de Cuentas ha detectado que uno de cada cuatro contratos emitidos (22,44 %) por el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, presenta «incidencias de ejecución». Son 11 los contratos de emergencia para el suministro al Ministerio de Sanidad de mascarillas y material sanitario al comienzo de la pandemia los que presentan alguna anomalía dentro de un paquete de 73 contratos del ejercicio 2020 que han sido fiscalizados en un informe.
El documento apunta que en ese 22,44 % de los contratos fiscalizados, que corresponden al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), firmados todos al comienzo de la crisis sanitaria por la COVID-19, «se produjeron distintas incidencias en la ejecución».
«Podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del INGESA sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias» explica el informe emitido.
Según se ha informado, los expedientes analizados alcanzan en su conjunto los 551 millones de euros, de los cuales 538 millones fueron adjudicados por INGESA, explica en una nota el propio órgano fiscalizador al dar cuenta de la aprobación del documento.
El tribunal fiscalizador cree que estas incidencias pueden deberse a una «insuficiente verificación» por parte del INGESA sobre la capacidad de producción y de suministro y «de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia». Sin embargo, esas adquisiciones fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global.
También concluye el informe que los expedientes examinados no dejaban constancia documental sobre los criterios de adjudicación aplicados por INGESA, algo que no es irregular o ilegal porque eran contratos de emergencia, si bien esta entidad los aclaró posteriormente al órgano fiscalizador.
El documento aprobado incluye recomendaciones en las que se aconseja «una verificación suficiente de la capacidad y solvencia de las empresas adjudicatarias» siempre que sea compatible con la atención inmediata de la emergencia, así como el requerimiento de ofertas a diferentes licitadores para negociar los términos del contrato.
De forma paralela a la elaboración del informe, el pasado mes de abril compareció como investigado en un juzgado de instrucción de Madrid el director del INGESA, Alfonso María Jiménez, y otros dos altos cargos, tras una querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia covid.
Según Vox, los investigados cometieron los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude en la compra de material sanitario durante la pandemia.
