La LOMLOE: la repetida amenaza a la libertad

Desde siempre, quién dirige la escuela tiene la tentación de modelar al hombre y a la sociedad entera según su conveniencia por los efectos transformadores de la educación. Ahora, los límites de lo ideológico en la educación cada vez son más difíciles de precisar, en la medida en que los postulados de la ideología de género se tratan de convertir en una mentalidad dominante social y culturalmente. Esta pretensión choca frontalmente con el principio constitucional de la neutralidad ideológica requerida a los poderes públicos derivado del artículo 103 de la Constitución.

Un punto de partida para valorar la cuestión es nuestro ordenamiento jurídico, particularmente, el artículo 27 de la Constitución. En las instituciones educativas afloran necesariamente pluralidades religiosas, ideológicas y lingüísticas propias de toda comunidad. La institución familiar y el colegio son lugares esenciales de socialización y de adquisición de conocimientos. Por esta razón, cobra enorme relevancia el derecho de los padres, recogido en nuestra Constitución, a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral conforme a sus convicciones. Este derecho viene a garantizar que lo recibido en el ámbito educativo sea coherente con lo vivido en el seno familiar, pues corresponde a los padres, primeros titulares de la educación de sus hijos, elegir la formación religiosa y moral qué quieren para ellos.

La Constitución garantiza así un ámbito de libertad en el que no deben entrar los poderes públicos. Conforme a ello, los poderes públicos tienen vedado el establecimiento de asignaturas y contenidos que tengan por objeto la formación moral y religiosa de los alumnos. El espíritu del constituyente fue precisamente excluir la formación en valores morales de la competencia de los poderes públicos. Era y es un antídoto a las pretensiones totalitarias.

No cabe desconocer que la propia Constitución plantea como necesidad el conocimiento de la Constitución. Así del artículo 27.2 de la Constitución se deriva que los poderes públicos puedan transmitir los valores constitucionales en la enseñanza reglada. No obstante, el ejercicio de esta competencia debe respetar el principio de neutralidad a lo largo del sistema escolar. De esta manera, los poderes públicos únicamente podrán imponer la transmisión de aquellos conocimientos que sean corolario indispensable para comprender y conocer los valores constitucionales. Junto a ello el artículo 27.3 de la Constitución señala que corresponde a los padres el derecho a decidir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Este derecho conlleva una posición de no injerencia por parte de los poderes públicos a la hora de regular tales aspectos en el sistema educativo.

Ya la asignatura de Educación para la ciudadanía implantada durante la etapa de gobierno de Rodríguez Zapatero excedió ampliamente sus competencias al incluir contenidos propios de la ideología de género, vulnerando el derecho de los padres a decidir la formación moral y religiosa que desean para sus hijos. De nuevo, con la LOMLOE y la inclusión de la asignatura Educación en valores éticos y así como de posibles contenidos de Educación afectivo-sexual resurge la preocupación ante una nueva oleada de adoctrinamiento ideológico en las aulas.

Amparándose en el objetivo de una educación inclusiva que valore la diversidad como principio, la LOMLOE propone un nuevo currículo que incluye un área a la que denomina «Educación en valores cívicos y éticos», este tipo de materias cobijará contenidos ideológicos de carácter sesgado, como ya sucedió con la discutida asignatura de Educación para la ciudadanía.

La ley educativa aprobada hace apremiante una reforma más ambiciosa del sistema de enseñanza español (de orden constitucional) que haga posible para futuras generaciones y de una forma estable, su despolitización. Nadie sensato duda de que el deber de neutralidad en la escuela pública desaparece a diario en Cataluña y en otros lugares de España. La propia Consejería de Educación catalana se niega a cumplir la ley, generando, de facto, una mutilación lingüística para aquellos que quieren educarse también en la lengua española.

Es una cuestión prioritaria que la educación no dependa de los sucesivos cambios de gobierno sean del signo político que sean.

Las familias no podemos delegar en nadie nuestro derecho a educar a nuestros hijos y esta batalla educativa es una batalla por la libertad de las futuras generaciones.

• Carmen Sánchez Maíllo es secretaria académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia