Secuestros parentales: el lado menos conocido de la violencia intrafamiliar

Alberto Encinas, mallorquín de 49 años, nunca olvidará aquellos interminables días de vigilancia en parques, estaciones de tren y vecindarios de diversas localidades polacas. Es a lo que se dedicó durante buena parte de los ocho años en los que su exmujer, originaria de ese país, mantuvo retenida a su hija Olivia tras llevársela sin previo aviso un día de 2011 con el ánimo de separarla para siempre de su padre, con el que había terminado su relación y con quien compartía la custodia de la pequeña, de solo tres años entonces.

Tras denunciar la situación y darse de bruces con un inmenso muro burocrático y la obstrucción las propias autoridades polacas, Encinas se vio de pronto envuelto en una agónica pesadilla que lo llevó a realizar un sinfín de viajes a Polonia para tratar de buscar a su hija en los lugares en los que sospechaba que su madre podía ocultarla. Consiguió recuperarla, no sin un cuantioso dispendio en trámites y ayuda de investigadores privados, en diciembre de 2019, pero el coste emocional de lo que vivió supera con creces cualquier desembolso económico.

Aunque el caso de Encinas saltó entonces a la línea mediática por su monumentalidad, el suyo es solo uno de los cerca de 300 que, según los datos del Centro Nacional de Desaparecidos, ponen cifra a una de las lacras más desconocidas de la violencia intrafamiliar: las sustracciones o secuestros parentales. O lo que es lo mismo: que uno de los padres se lleve al hijo –o hijos– en común a otro país (normalmente el de origen o en el que se cuenta con una red de apoyo) para privarlo de toda relación con la otra parte.

«La mayor parte de los secuestros tienen lugar en países del norte y este de Europa, los Estados bálticos y, sobre todo, Rusia, donde se concentra con diferencia el mayor número de niños sustraídos: 226», cuenta por teléfono Javier Somoza, presidente de la Asociación de Niños Desaparecidos (Nisde), que desde 2016 brinda apoyo jurídico y psicológico a padres y madres afectados por esta situación.

Sabe bien de lo que habla: él mismo lleva sin ver a su hijo, Miguel, desde ese año, cuando su madre se lo llevó a Rusia y dejó al poco tiempo de dar señales. Soliviantado por una sensación de absoluto desamparo por parte de la Justicia, Somoza decidió en ese momento crear la entidad para asesorar a los progenitores y dar visibilidad a un problema del que, lamenta, «apenas se habla».

A la hora de abordarlo, tanto Somoza como Sonsoles Bartolomé, responsable del departamento jurídico de la Fundación Anar (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), establecen una distinción entre dos escenarios: el de prevención, considerablemente eficaz para evitar que el rapto se consume; y el del post-secuestro.

«El ámbito preventivo funciona mucho mejor, pero es también más desconocido. Es un contexto en el que se trabaja con sospechas: si por ejemplo el potencial secuestrador verbaliza que se quiere marchar, o ha perdido o dejado su trabajo, o ha comprado billetes sin avisar, o es de otro país y no cuenta con una red de apoyo en España. En esos casos, se pueden solicitar medidas al juez para evitar la sustracción, que suelen ser bastante rápidas, como el cierre de fronteras o la retirada del pasaporte», explica Bartolomé.

En términos de protección al menor frente a la sustracción parental, la ley española es un desastreJavier Somoza, presidente de la Asociación de Niños Desaparecidos y afectado por un secuestro

La cosa se complica, puntualizan ambos, cuando el raptor cumple su propósito y se lleva al hijo fuera del país. Aunque, de nuevo, hay matices: si el país de destino forma parte del Convenio de La Haya de 1980, un amplio acuerdo multilateral en materia de sustracción de menores, los trámites para lograr la devolución suelen ser ágiles. Pero si no es uno de los 98 estados adscritos a dicho tratado, el proceso puede dilatarse años y años, sin que ninguna autoridad española o internacional pueda desplegar poderes jurídicos y administrativos para restituir al menor. Es el caso, como señalaba Somoza, de países como Polonia o Rusia, que ilustran precisamente los dos ejemplos de este reportaje.

Desconexión legislativa

Eso no significa, tal y como denuncia el presidente de Nisde, que la ley española no haya permanecido durante años totalmente ajena a esta problemática. Hasta el año pasado, por ejemplo, el Código Penal solo contemplaba el delito en caso de que la sustracción fuera cometida por el progenitor que no tuviera la custodia, lo que fue modificado tras la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia en 2021.

«España es de los pocos países donde nuestros jueces siempre están en contra del nacional español y siempre a favor de la otra parte, y eso se debe a que la mayoría cree que los menores secuestrados gozan de protección jurídica en el país de destino cuando no es así», expone Somoza, que apunta a Cataluña como la comunidad más lenta en la resolución judicial de casos. «[En Cataluña] tenemos procesos de medidas de protección del menor que deben ser adoptadas de inmediato y que tardan uno, dos, tres y hasta cuatro años en iniciarse», afirma.

«Tengo el caso, por ejemplo, de un proceso que se abrió en febrero de 2018 y del que a día de hoy no se han iniciado siquiera los trámites; mientras que allá, en Rusia, ya se le ha entregado todo a la parte sustractora (la custodia, la prohibición de salida del menor de territorio ruso, la prohibición de visitas para el padre español...). En esto el Estado es un desastre, en cuanto a protección del menor y protección frente a la sustracción parental», remacha.