Ley contra los derechos
Médicos contra el registro de objetores de Montero: «En un país libre las listas negras no proceden»
Montero pretende regular la objeción de conciencia de estos doctores para que «no estén por encima del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres»
El Ministerio de Igualdad de Irene Montero sigue queriendo señalar con el dedo a aquellos médicos que no practiquen abortos en los hospitales públicos. Este punto se trata de uno de los más conflictivos de la nueva reforma de la ley del aborto que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo en el consejo de ministros.
Los médicos, principales protagonistas de la reforma de la ley del aborto, en cuanto a la objeción se conciencia se refiere, han analizado la situación. «No sabemos cuál va a ser el texto final, ya que lo que han publicado ha sido el borrador, pero desde luego el derecho a la objeción de conciencia es un Derecho Fundamental que está garantizado en la Constitución. Este derecho no solo no necesita ninguna regulación específica, sino que no se puede limitar», comenta el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés.
Por ello, la objeción de conciencia tiene que producirse en las circunstancias concretas: «Desde luego el derecho a ser objetor no es algo que se pueda hacer público. Es algo confidencial y alguien que se ciña a la objeción debe ser discriminado por ello», denuncia Martínez-Selles.
«La objeción de conciencia es un Derecho Fundamental, y hay que escribirlo con mayúsculas, porque no solo está recogido en la Constitución Española, sino también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, el Tribunal Constitucional ya ha dictado que la objeción de conciencia, precisamente por ser un Derecho Fundamental, no admite legislación alguna que venga a acotarlo o restringirlo», señala el doctor.
En cualquier país libre y democrático las listas negras no proceden y menos en un tema tan importante para un médico
El presidente de este colegio profesional, el mayor de toda España en su ramo, dado que representa a sus más de 42.000 doctores colegiados, recuerda que el código deontológico médico vigente garantiza la objeción de conciencia para que los médicos puedan ejercer su profesión con plena libertad. «Conviene también acordarse de que el Comité de Bioética, en un informe publicado el pasado junio, ha declarado la fundamental inviolabilidad de este Derecho», remarca el presidente de los médicos madrileños.
Lo mismo opina Chano Vidán, presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña: «En cualquier país libre y democrático las listas negras no proceden y menos en un tema tan importante para un médico que lleve a obligarle o presionarle para que haga algo que él en conciencia cree que no debe hacer, es más, que le repugna hacer».
La objeción de conciencia es un hecho constitucional, por lo tanto, según asegura el doctor de La Coruña «cualquier médico que considere una situación moralmente o éticamente por sus convicciones y cree que no debe hacer determinada acción, fruto de una opinión personal, debe ser respetado en todas las sociedades democráticas y libres».
La objeción de conciencia es una opinión individual. «El que haya listas o registros no nos gusta, porque todo el mundo tiene el temor de que ese tipo de registros, con la independencia y discreción que siempre dicen que tienen, trasciendan y que alguno de los médicos sea señalado o se le limite a ser nombrado o ascender», y apunta que «lo que tiene que ver con la conciencia es de uno y en una determinada decisión se objeta o no objeta», comenta Vidán.
Este proyecto de reforma de ley es lo contrario a lo que señala la deontología médica, que desde el primer artículo al último es una defensa de los derechos de la vida y de la praxis médica
Por otro lado, Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático emérito de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, sigue la misma línea de pensamientos que Selles. «Este proyecto de reforma de ley es lo contrario a lo que señala la deontología médica, que desde el primer artículo al último es una defensa de los derechos de la vida y de la praxis médica, que consiste en curar, prevenir y sacar a delante. Ahora pretenden obligar a los médicos a que se registren, aunque no quieran hacerlo. Lo lógico sería hacer justo lo contrario, es decir; que se registren aquellos que quieren hacerlo», señala el científico y docente.
El catedrático Jouve ve esta reforma como una «nueva vuelta de tuerca» que avanza hacia «una especie de dictadura» que va «en contra» de la conciencia de los médicos.
Las listas negras de Igualdad
El Ministerio de Sanidad sostiene que el 84,15 % de los abortos se realizan en centros privados, a lo que Montero añadió en 2021 que el 87 % de ellos se realizaban fuera de los hospitales. Sea como fuere, ni Igualdad ni el Gobierno han proporcionado ninguna solución para tratar de paliar el problema. Lo único que han propuesto ha sido la elaboración de unas «listas negras» con la finalidad de marcar a los médicos que se opongan a practicar un aborto.
Montero pretende regular la objeción de conciencia de estos doctores para que «no estén por encima del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres» y que estas puedan ejecutar un aborto en «un hospital público, cercano a su domicilio, eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos».