Ganaderos cántabros acusan a Ribera de «entorpecer» las extracciones de lobos

UGAM-COAG y UPA en Cantabria han pedido la intervención del Defensor del Pueblo ante la actitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) de «entorpecer» las extracciones del lobo al no emitir los informes preceptivos para poder realizarse, pese a los «ataques diarios» de la especie a la ganadería de la comunidad, con 2.436 reses muertas en 2022.

Así lo han anunciado este miércoles en una rueda de prensa los secretarios generales de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte, y UPA, Alberto Pérez Quintial, quienes han explicado que inicialmente estaba previsto que las otras dos organizaciones agrarias de la comunidad –ASAJA y AIGAS– suscribiesen también la denuncia pero, finalmente, no lo han hecho por el momento en que se ha decidido presentar, justo antes de las elecciones autonómicas de este domingo.

Más allá de esta cuestión, y en relación al contenido y argumentación de esta queja ante el Defensor del Pueblo, UGAM-COAG y UPA han explicado que en ella exponen el «calvario» y la «situación catastrófica» que vienen padeciendo los ganaderos de Cantabria y de otras comunidades autónomas del norte desde que el lobo fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) por orden ministerial que entró en vigor en septiembre de 2021.

Han indicado que la inclusión de todas las poblaciones del lobo en el LESPRE «ha supuesto de facto una judicialización en la gestión del lobo que deviene en la práctica imposibilidad de ésta y, consecuentemente, la proliferación exponencial del numero de lobos y de los daños causados por estos a las ganaderías de Cantabria».

En la denuncia adjuntan una comparativa de los daños causados en Cantabria por el lobo antes y después de la inclusión de la especie en el LESPRE.

Así, según los datos oficiales, en Cantabria se ha pasado de tener en 2020 un total de 1.030 ataques del lobo y 1.815 reses muertas a 1.723 y 2.436, respectivamente, en 2022, y ello solo teniendo en cuenta aquellos verificados por la Administración, con lo que afirman que la cifra real es mayor.

En la rueda de prensa han señalado que el 60 % de los municipios de Cantabria tienen ataques del lobo y creen que si continúa la expansión de la especie «van a llegar al Sardinero». Concretamente, han aludido a la situación que padecen los ganaderos de algunos municipios de Cantabria, como la Hermandad de Campoo de Suso, que con datos de 2022 hasta marzo de 2023 han sufrido 330 ataques del lobo, que han matado a 342 animales y han herido a otros 19. En Campoo de Enmedio, en este mismo periodo, ha habido 171 ataques y 188 reses muertas y en Camaleño 106 y 228, respectivamente.

Al margen de los datos, en la denuncia se explica que en la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo y su Convivencia con las actitudes del medio rural aprobada el 28 de julio de 2022 y a la que el Gobierno de Cantabria se adhirió el 9 de agosto, establece que para realizar extracciones debe solicitarse «un informe preceptivo y no vinculante» al Ministerio.

Han recordado que el Gobierno de Cantabria ha insistido en reiteradas ocasiones al Ministerio para que responda a las solicitudes de extracción que le ha planteado. Sin embargo, UGAM-COAG y UPA han señalado en la denuncia que «a pesar del tiempo transcurrido y de la insistencia» por del Ejecutivo regional para que el departamento de Teresa Ribera se lleven a cabo los citados informes prreceptivos, «a día de hoy estos informes aún no han sido emitidos».

En la denuncia, las dos organizaciones agrarias firmantes consideran que esta actitud del Ministerio «supone una clara dejación de funciones» y obedece «a un nuevo intento» de esta Administración de «obtaculizar la necesaria gestión del lobo, retrasando cualquier posible intervención» del Gobierno de Cantabria y «sirviendo como un elemento más que permita la judicialización de dicha gestión, lo que está impidiendo en la práctica cualquier tipo de control sobre la especie».

«No cabe sino concluir la existencia de una mala fe en la actuación del MITERD, co nuna estrategia perfectamente calculada a los efectos de ligrar la proliferación del lobo hasta un número muy superior al necesario para un estado de conservación favorable, obviando los gravísimos daños que ello causa a las explotaciones ganaderas».

A juicio de las organizaciones agrarias, para lograr esa finalidad por parte del Ministerio «no se tiene en consideración que la población actual de lobos implica que sea innecesario que actualmente se encuentre integrado en el LESPRE y se llevan a cabo todo tipo de actuaciones para lograr entorpecer cualquier intento de gestión de la especie, ya sea solicitando trámites innecesarios o evitando la emisión de informes preceptivos».

Por ello, ha solicitado al Defensor del Pueblo que inste al Ministerio a remitir al Gobierno de Cantabria los informes preceptivos para poder llevar a cabo las extracciones.

Además, en la rueda de prensa, han recordado que las organizaciones agrarias tienen planteado un contencioso-administrativo con el Ministerio para intentar que el lobo salga del LESPRE y esperan que la sentencia salga «pronto».

Llaman a los partidos «a mojarse»

UGAM-COAG y UPA consideran que el tema del lobo debe estar en la campaña electoral y que los partidos que se presentan en Cantabria tienen que «mojarse» ya que el posicionamiento de cada formación al respecto es «importante para el sector».

Han considerado que este asunto debe ser también importante de cara a los pactos de Gobierno y ha recordado que el presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que condicionará los posibles pactos de Gobierno con otros partidos al posicionamiento de éstos respecto al lobo.