Lluvia de leyes en nombre de la igualdad: en 26 años España ha aprobado casi 18.000 normas de género

Mayor presencia en los partidos políticos, en las empresas... en las dos últimas décadas, las mujeres han ganado mucho protagonismo en nuestra sociedad, algo que resultaba impensable. A pesar de todo lo que ha costado llegar hasta aquí, las políticas impulsadas y orientadas a conseguir la igualdad de género, permitir una mayor conciliación de las actividades profesionales con la vida privada o luchar contra el acoso laboral y social, no están resultando eficaces en nuestro país.

En la legislatura entre 1979 y 1982, con la UCD de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo en el poder, el Congreso de los Diputados acogía a 18 mujeres. Al comienzo de la actual, se duplicó esta cifra y se elevó hasta las 154 diputadas de los 350 totales.

España, según el Índice de paz y seguridad de las mujeres, adelantado por LibreMercado, era uno de los mejores países para ser mujer del mundo, según los indicadores realizados por la Universidad de Georgetown. Sin embargo, el prestigio de nuestro país cae año a año. En 2017, antes de la llegada de Sánchez, nuestro país se encontraba en el puesto 5 del ranking. Seis años después nuestro país ha caído a la casilla 27.

Estos datos los demuestra el último informe del Banco de España donde ponen de manifiesto la heterogeneidad existente en cuanto a la aprobación de leyes orientadas, entre otras, a la no discriminación, que es la más frecuente. En cifras, la entidad de derecho público ha identificado 13.818 normas que tratan sobre discriminación y las 3.862 normas regulan la igualdad de género.

Estas figuras muestran la gran heterogeneidad que existe en la aprobación de normas durante los años 1996-2022, siendo la regulación destinada a erradicar la discriminación la más desarrollada y frecuente en todas las comunidades autónomas. No obstante, destaca en dos: Andalucía y Cataluña.

Andalucía también gana en la conciliación. Sin embargo, en 2022, se sumaron comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Navarra y el País Vasco.

Si se analiza todo el periodo democrático, entre los años 1979 y 2022, se ve, según el Banco de España, que el conjunto de administraciones españolas aprobó 414.272 normas, de las que 104.972 (un 25,3 %) provenían del Estado y 286.459 (un 69,1 %) de las comunidades autónomas. Las normas ayudan a regular un país. Sin embargo, podrían generar «impactos positivos o negativos en función del acierto con el que sea diseñada», explica en el documento Juan Mora-Sanguinetti, uno de los creadores del documento.

También recuerda que las instituciones son creadas en procesos –como el político– también afectados por costes de transacción y con información imperfecta. De hecho, detalla, las que un día estuvieron bien diseñadas «podrían dejar de estarlo» por la evolución de la sociedad y el desajuste con las nuevas condiciones sociales o económicas.