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06 de julio de 2024

María Solano Altaba
María Solano Altaba

Ley de protección al menor en internet: un brindis al sol

El bienintencionado anteproyecto de ley establece que los menores de 16 años no podrán acceder a redes sociales. Tampoco pueden ir de botellón ni fumar, y no pocos lo hacen

Actualizada 04:30

Gente joven con sus teléfonos móviles

Gente joven con sus teléfonos móviles

No le arriendo la ganancia ni a este gobierno, ni a cualquier gobierno, aquí y en cualquier Estado democrático de derecho (si es una dictadura, la cosa cambia) que tenga que preparar una ley para proteger a los menores de los muchísimos riesgos que entrañan las pantallas sin saltarse la protección de datos, la libertad de empresa y el derecho a la intimidad, entre otros muchos preceptos.

No le arriendo la ganancia porque limitar el mundo digital es como ponerle puertas al campo: si no entran por aquí, ya entrarán por allí. La información que ha trascendido del anteproyecto de ley presentado el martes en Consejo de Ministros muestra, que en efecto, la bienintencionada norma, con muchos aspectos positivos, no deja de ser un brindis al sol en algunas de las cuestiones más relevantes: quién controla la edad de acceso, cómo la controla y quién ata en corto a las empresas privadas que se están lucrando con tanta chiquillería enganchada a la pantalla.

Sin cultura de cumplimiento

En este momento, antes de la aprobación de la futura ley, los menores de 14 años no pueden entrar en redes sociales. Pero todos conocemos a una niña de 12 que pasa las tardes bailando frente al espejo para ensayar para sus redes sociales. Ahora quieren subirlo a 16, pero no creo que a la red social de turno le importe mucho cumplirlo. También está prohibida la venta de alcohol a menores de edad y en el supermercado de al lado de mi casa, a las siete de la tarde de un viernes, hay colas de chiquillos con toneladas de hielo y ginebra de dudosa calidad. Y si en el súper piden carné, siempre estará esa tienda de ultramarinos donde, además de las botellas, les venden también unas chuches, que para eso siguen siendo niños.

El problema de este anteproyecto de ley es el mismo que el de otras muchas leyes que no se cumplen, porque son muchos los actores que intervienen en el proceso. Siempre hay un punto débil que hace que la prohibición salte por los aires. Aquí el punto débil es que, por mucho que se empeñe el gobierno (español o cualquier otro, porque daría igual), la empresa, casi siempre extranjera, que suministra contenidos quizá inadecuados para los menores, se va a lavar las manos sobre los requisitos de edad y le bastará con poner una casillita en la que el usuario afirme tener más de X años, los tenga o no. Porque, hoy por hoy, no hay otro sistema

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cree que las empresas sí van a hacer caso porque van a poner en marcha «foros y mecanismos de cooperación entre lo público y lo privado», elegante frase que, traducida a la práctica, es un brindis al sol. Habrá empresas muy comprometidas con la salud mental de nuestros hijos que cumplirán la ley y otras más comprometidas con su beneficio económico que no la cumplirán. Igual que hay comercios más preocupados por el hígado de los jóvenes que otros.

Falta el mecanismo de control

¿Qué aducen las empresas de servicios tecnológicos para justificar que se les cuelen niños y adolescentes en espacios que están destinados para adultos? Pues que no existe manera de verificar la edad y que lo único que pueden hacer ellos es basarse en la buena voluntad del usuario a la hora de responder verazmente cuál es su fecha de nacimiento. Y en esto, las empresas tienen razón. De hecho, el Gobierno, consciente de ello, lleva meses trabajando en un sistema desarrollado por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y promovido por la Agencia Española de Protección de Datos que, anunciaron en invierno, estaría a punto para el verano. El verano está a punto de llegar.

Aunque el mecanismo es bueno desde el punto de vista técnico y garantiza la protección de la identidad, de nuevo presenta un problema: su uso será opcional para las empresas y muchas, no erradicadas en España, se lo saltarán a la torera. Lo único para lo que realmente sirve es para que las compañías ya no puedan decir que no disponían de un sistema de validación de la edad con todas las garantías.

Ocurre lo mismo con la decisión de obligar a los fabricantes de móviles a incorporar aplicaciones de control parental que los padres tengan que «programar» cuando el menor empieza a utilizar el teléfono. Ojalá todas las empresas cumplan con esta obligación y ojalá todos los padres se den cuenta de la importancia de poner límites cuando configuren el teléfono de sus hijos. Pero quedará de nuevo a merced de demasiados actores como para garantizar que se cumple. O las limitaciones de móviles en los centros escolares. Tampoco está permitido hacer pellas ni fumar en los baños, y muchos directores de instituto tendrían material para escribir varios libros sobre lo difícil que es aplicar la norma.

Tampoco hay demasiada garantía de cumplimiento de los llamados «juegos con recompensa», que ofrecen «cofres sorpresa» (lootboxes, en su expresión en inglés) que generan tales niveles de dopamina en los jugadores que acaban quedando atrapados como si de cualquier adicción se tratase. La ley prohíbe esas adictivas recompensas en juegos para menores, pero los juegos para menores ganan tanto dinero con estas adicciones que les sale rentable incumplir la norma, incluso si tienen que pagar multa, si es que alguien consigue multarlos.

Aspectos positivos

No todo en el antreproyecto son brindis al sol. Hay algunas propuestas que van a ser muy beneficiosas. Por ejemplo, parece que será más fácil multar a las empresas que incumplan, hoy por hoy un reto complicado. Y se va a perseguir la suplantación de identidad digital, con la que adultos disfrazados de menores cometen muchos delitos. Se establecerá también una especie de «orden de alejamiento digital», aunque sólo para los delitos digitales. Podían haber aprovechado para que fuera para cualquier delito. Y también esperábamos como agua de mayo, veremos cuándo llega la ansiada lluvia, una normativa específica que frene los abusos que se están cometiendo con la Inteligencia Digital, como aquel terrible caso de unas chiquillas de Almendralejo que fueron «desnudadas digitalmente en fotografía» con una aplicación tan sencilla que cualquier chaval con un móvil sabe utilizar.

No se pueden poner puertas al campo y, ciertamente, parte de las propuestas son un brindis al sol. Pero, al mismo tiempo, menos mal que vamos poniendo alguna puerta al campo para proteger lo más valioso que tenemos, que son nuestros niños.

  • María Solano Altaba es profesora en la Universidad CEU San Pablo y periodista

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