La Agencia Europea de Medicamentos recibe casi la mitad de sus ingresos de 21 grandes farmacéuticas

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada de autorizar la comercialización de los medicamentos utilizados en España y en el resto de la UE para tratar las principales enfermedades. Sus decisiones tienen un impacto significativo en los resultados financieros de las empresas farmacéuticas. Paralelamente, un pequeño grupo de 21 multinacionales farmacéuticas contribuye con casi la mitad de los más de 400 millones de euros que la EMA ingresa anualmente.

Ahora se ha revelado, por primera vez, las compañías que financian a la EMA. Según Investigate Europe, un pequeño grupo de 21 multinacionales concentra la mitad de los pagos por las solicitudes de autorización de venta de medicamentos, por los cambios que se producen en estas autorizaciones y por los medicamentos ya autorizados.

Los periodistas que realizaron esta investigación obtuvieron esta información mediante una solicitud de acceso a la información pública, amparada por la legislación europea sobre Transparencia. Concretamente, pidieron conocer la identidad y el importe abonado por todas las empresas farmacéuticas en 2022. La EMA proporcionó un archivo con los 41.640 pagos recibidos ese año, realizados por 3.564 entidades diferentes.

Según las conclusiones, el presupuesto de la EMA depende en gran medida de un número reducido de empresas, que a su vez son las principales beneficiarias de las decisiones que toma la Agencia. Novartis lidera la lista de pagos de 2022, con 19,6 millones de euros, seguida de Pfizer (14,3 millones), AstraZeneca (12,5 millones), Janssen (10,5 millones), Roche (10,2 millones) y GlaxoSmithKline (10,2 millones). En total, estas 21 multinacionales aportaron 165,4 millones de euros.

Aunque la EMA proporcionó el detalle de todos los ingresos recibidos, censuró la identidad de algunos pagadores, al considerar que estaba obligada a ello por la legislación sobre Transparencia. En una carta enviada a los periodistas, la Agencia explicó que se había suprimido la información comercial confidencial relacionada con futuros planes de desarrollo. Además de las tasas por las autorizaciones de comercialización, la Agencia también cobra a las empresas que solicitan asesoramiento científico durante el desarrollo de un producto médico.

La información censurada afecta a pagos por un importe de 36,2 millones de euros, lo que equivale al 10 % de los 364,2 millones que la EMA ingresó de empresas farmacéuticas en 2022. Esto sugiere que la cantidad total abonada por las 21 multinacionales es aún mayor, ya que son estas empresas las que tienen más fármacos en desarrollo y, por tanto, son las principales solicitantes del asesoramiento científico de la Agencia.

Inicialmente, solo el 20 % de su financiación provenía de las empresas, mientras que en 2022, más del 85 % de sus ingresos de explotación de 417 millones de euros fueron aportados por estas. Se proyecta que en 2024, más del 90 % de sus ingresos provendrán de las tasas abonadas por la industria. Este incremento se debe en parte al aumento en los procesos de autorización, con una media de 85 nuevos medicamentos aprobados anualmente en la última década, en comparación con 49 en los 15 años anteriores. Este modelo de financiación, donde las empresas farmacéuticas sostienen financieramente al órgano que las regula, se aplica también en la mayoría de las agencias estatales europeas, con la notable excepción de Francia, cuya Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos obtiene el 92 % de sus ingresos de la Seguridad Social.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) también depende en gran medida de las tasas pagadas por la industria, representando el 82,8 % de sus ingresos en 2022. La EMA, que tiene el monopolio para aprobar medicamentos contra enfermedades graves como el cáncer y la diabetes, es crucial tanto en términos cualitativos como económicos para las empresas. La estrecha relación financiera entre la EMA y la industria ha suscitado críticas por potenciales conflictos de interés. Expertos cuestionan la financiación privada de estos organismos reguladores, argumentando que esta situación compromete la imparcialidad en la evaluación de ensayos clínicos. No obstante, la EMA defiende su modelo, argumentando que es justo que las empresas que se benefician económicamente del acceso al mercado de la UE contribuyan a los costos de regulación y evaluación de medicamentos.