Los funcionarios de Muface ya sufren su crisis: «Llevamos desde octubre esperando a recibir tratamiento»

En poco más de mes y medio finaliza el actual concierto sanitario de Muface, por el cual 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios tienen derecho a elegir la forma de recibir asistencia médica, bien por el sistema público o mediante el cuadro de tres aseguradoras. Estas últimas han dejado vacía la licitación para los próximos dos años, por lo que el futuro de los servidores públicos está en el aire.

A la espera de una segunda licitación, cada vez más voces ven más que probable que los funcionarios terminen siendo absorbidos por el Sistema Nacional de Salud en los próximos meses. Un informe del Ministerio de Sanidad, que encabeza Mónica García, ya admitía la viabilidad de esta opción y estipulaba los plazos: en nueve meses –los que durará la prórroga de las aseguradoras– los mutualistas irían pasando paulatinamente al sistema público.

Pero muchos usuarios de Muface están denunciando que ya están sufriendo las consecuencias de la posible caída del modelo. Tal y como ha recogido el sindicato CSIF, varias personas les han trasladado que las clínicas y las aseguradoras están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario. CSIF ha constatado, además, que estas mismas clínicas están pidiendo a los funcionarios que se sufraguen ellos mismos los tratamientos si quieren ser atendidos.

Ante esta situación, el sindicato ha presentado ante el Defensor del Pueblo y al Congreso de los Diputados el centenar de quejas recibidas, trasladando su preocupación por la situación de inseguridad y alarma en la que se encuentran los mutualistas y beneficiarios. «Se está viendo amenazado su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica en las condiciones legalmente establecidas. La situación es especialmente preocupante, ya que muchas de las quejas recibidas son de personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica o de cierta gravedad», explican desde el sindicato.

Críticas a aseguradoras y clínicas

Algunos de los testimonios que ha recogido CSIF y presentado ante el Defensor del Pueblo y el Congreso son especialmente llamativos. Destaca, por ejemplo, el caso de un mutualista al que detectaron una masa en la próstata. Tras realizarle las pruebas pertinentes con normalidad, se le diagnosticó con un carcinoma prostático y su tratamiento será a través de terapia focal, algo que no ha recibido por el momento: «Llevamos desde mediados de octubre pidiendo autorización para recibir el tratamiento y aún hoy no tenemos respuesta alguna. Se ha llamado a la compañía y se ha puesto una reclamación, o eso nos dijeron, pero ya ha pasado una semana y aún seguimos esperando».

Otra persona alude a su hija, beneficiaria de Muface: «A mi bebé de menos de un año le han aplazado a varios meses una consulta con una neuróloga pediátrica que debía tener esta semana y, además, nos han dicho que la visitarán o no según qué suceda con la mutualidad. Si al final la visitan será casi medio año más tarde. Estamos a la espera».

Las esperas para las autorizaciones por parte de las aseguradoras se repiten en varios testimonios, como el de una mujer que dice estar a la espera «desde hace una semana» para la autorización de una punción aspirativa con aguja fina (PAAF) ecoguiado de mama, ya que tiene un bulto en el pecho que le tienen que analizar para ver si es cancerígeno o no.

Desde CSIF remarcan a El Debate que no se quedan «de brazos cruzados» y actúan ante el recorte de derechos a los servidores públicos que supondría la desintegración de Muface. Asimismo, recuerdan que este sábado marcharán en una gran manifestación por las calles de Madrid para pedir una solución inmediata al conflicto, para lo que han movilizado a «decenas de autobuses de todas las provincias de España».