Cargador
Entran en vigor las nuevas normas europeas sobre cargadores universales: ¿cuál se podrá utilizar?
La ley simplificará la vida de los europeos, y reducirá los costes de los consumidores
Hay nuevas normas en la Unión Europea. Desde este 28 de diciembre, todos los aparatos electrónicos deberán posser el mismo tipo de cargador. Según Bruselas, esto podría reducir costes y la producción de residuos. A partir de ahora, los fabricantes tienen la obligación de equipar los aparatos vendidos en la UE con un puerto de carga USB-C, elegido como el estándar en el bloque de 27 países.
«Desde hoy, todos los nuevos teléfonos móviles, tabletas, cámaras de fotos, auriculares, altavoces, teclados y muchos otros dispositivos electrónicos nuevos vendidos en la UE deberán estar equipados con un puerto de carga USB tipo C», publicó el Parlamento Europeo en X.
La ley sobre el cargador único simplificará la vida de los europeos, y reducirá los costes de los consumidores, ya que podrán comprar aparatos electrónicos sin adquirir un cargador nuevo, según la UE. La iniciativa también permitirá reducir la cantidad de cargadores obsoletos.
La ley fue aprobada por primera vez en 2022, tras un tira y afloja con el gigante tecnológico Apple, y las empresas han tenido hasta el 28 de diciembre para adaptarse a la normativa.
Los fabricantes de ordenadores portátiles también dispondrán de un plazo adicional, a partir de principios de 2026, para seguir su ejemplo.
La mayoría de los aparatos electrónicos utilizan ya este tipo de cargador, pero Apple se ha mostrado reticente, alegando que normativas de este tipo «ahogan la innovación». Sin embargo, en septiembre de 2023, la empresa estadounidense empezó a fabricar teléfonos con el nuevo puerto de carga.
Hace 10 años, los fabricantes de artículos electrónicos europeos se pusieron de acuerdo sobre un estándar de cargadores únicos, en un acuerdo voluntario con la Comisión Europea. Pero Apple, el mayor vendedor mundial de teléfonos inteligentes, rechazó abandonar sus puertos Lightning. Cuando se aprobó, el órgano europeo declaró que la nueva ley podría permitir un ahorro de al menos 200 millones de euros cada año.
