Los veterinarios de toda España se manifiestan en Madrid por la polémica ley de medicamentos

Veterinarios venidos de toda España se han concentrado este miércoles por la mañana a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), situado enfrente de la estación de Atocha. Los profesionales exigen una regulación justa del medicamento y protestan contra el real decreto 666/2023, que normaliza la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y obliga, desde enero pasado, a registrar oficialmente –a través de la herramienta informática PresVet– la prescripción de todos los antibióticos dispensados a mascotas.

Entienden que la norma genera más burocracia, les resta competencias y pone en riesgo la salud de las mascotas, mientras el Gobierno defiende la norma y cree que salva problemas arrastrados en el tiempo. La normativa, vigente desde 2023 y basada en gran medida en la transposición de legislación comunitaria, entró plenamente en vigor en enero de 2025. Desde entonces, los veterinarios de mascotas están obligados a utilizar la plataforma telemática PresVet para registrar oficialmente los antibióticos que prescriben.

Estos llevan meses manifestando su descontento, asegurando que esta medida ha sido «la gota que ha colmado el vaso». En respuesta, han creado la plataforma VetsUnidos, en coordinación con colegios de veterinarios y otros colectivos del sector. Esta iniciativa ha impulsado diversas acciones de protesta, como el cierre simbólico de clínicas y una recogida de firmas en internet para mostrar su rechazo a la normativa.

Según los profesionales del sector, la actual regulación les impone hasta trece perjuicios, entre ellos, restricciones al libre ejercicio de la profesión, sanciones desproporcionadas en caso de incumplimiento y costes elevados que recaen sobre los propietarios de mascotas.

Además, advierten que, en situaciones de atención urgente por infecciones graves, el uso obligatorio de PresVet dificulta la toma de decisiones rápidas, lo que podría comprometer la salud de los animales.

La norma «pone en riesgo la profesión»

Luciano Díez, presidente del Consejo de Veterinarios de Castilla y León, subraya a este medio que el veterinario, por su experiencia, sabe lo que necesita el animal, pero con estas trabas no puede administrárselo sin hacer el papeleo pertinente.

Díez cree conveniente que se modifique el real decreto y se cree una comisión de trabajo con los profesionales para tratar de encontrar un encaje agradable para todos. De hecho, el reglamento europeo en el que se basa la ley estipula que debe estar vigente antes de 2030, por lo que cree que aún hay tiempo de sobra para paralizar la aplicación del texto y modificarlo.

La misma postura es la que mantienen desde la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE). Su presidente en Madrid, José Ramón García, explica a El Debate que la ley obliga a los veterinarios a hacer una comunicación de cada antibiótico «con una presunción de culpabilidad», y destaca que las sanciones pueden llegar hasta el millón de euros.

García recuerda que el 95 % de los antibióticos los prescriben los médicos «y ellos no tienen limitaciones», ya que se les presupone profesionalidad, por lo que considera que esta norma pone en riesgo la profesión veterinaria y su código deontológico. Asimismo, resalta que con esta vía se pone en riesgo a las mascotas, ya que no se puede tratar a pacientes con enfermedades serias y se pierde mucho tiempo con la burocracia.