Greenpeace, condenada a pagar más de 660 millones de dólares a Energy Transfer por las protestas contra el oleoducto Dakota Access

Un jurado popular en Dakota del Norte ha dictaminado este miércoles que Greenpeace deberá abonar más de 660 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a la empresa energética Energy Transfer (ET). La decisión se basa en la acusación de que la organización ecologista habría incitado las protestas contra la construcción del oleoducto Dakota Access, las cuales derivaron en actos de vandalismo y generaron importantes sobrecostos para el proyecto.

El fallo llega tras un juicio que se extendió durante casi un mes y dos días de deliberaciones por parte de un jurado compuesto por nueve miembros. Energy Transfer, con sede en Dallas (Texas), había reclamado inicialmente 300 millones de dólares en daños, una cantidad que Greenpeace había advertido que podría comprometer la viabilidad de la organización.

El litigio involucra a Greenpeace International, Greenpeace Inc y Greenpeace Fund. La empresa energética acusaba a la organización de difamación y de fomentar las protestas lideradas por la tribu sioux de Standing Rock en 2016, que paralizaron las obras y encarecieron el desarrollo del oleoducto. La defensa de Greenpeace, por su parte, argumentó que simplemente brindó apoyo moral y logístico a las manifestaciones, negando haber organizado o promovido actos de violencia.

Las protestas contra el oleoducto, que se extendieron entre 2016 y 2017, congregaron a miles de personas que acamparon durante meses en las inmediaciones del proyecto. Los manifestantes denunciaban que el oleoducto atravesaba tierras sagradas de la tribu sioux y ponía en riesgo el suministro de agua potable de la región.

El caso ha sido señalado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio empleado por grandes corporaciones, políticos y otros actores de poder para frenar la oposición de activistas y periodistas mediante procedimientos judiciales complejos y costosos.

Durante el juicio, el presidente y cofundador de Energy Transfer, Kelcy Warren, proyectó un vídeo en el que afirmaba que las protestas se basaron en una «narrativa totalmente falsa». Warren es conocido por ser uno de los principales donantes en la última campaña presidencial de Donald Trump. Además, uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, aseguró que Greenpeace transformó «un problema local menor» en una causa internacional con el objetivo de «imponer su propia agenda».

Tras el veredicto, la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper, manifestó que la organización continuará su batalla legal. «La lucha contra las petroleras no acaba aquí. Presentaremos nuestra demanda anti-SLAPP contra Energy Transfer este mes de julio en Ámsterdam. No retrocederemos ni seremos silenciados», afirmó Casper.

Por su parte, Energy Transfer celebró la sentencia como una victoria para los ciudadanos de Dakota del Norte, que —según la compañía— «sufrieron el acoso diario de manifestantes financiados y entrenados por Greenpeace», y para todos los estadounidenses que «respetan la ley».

Este fallo marca un precedente importante en el conflicto entre empresas energéticas y organizaciones ecologistas, en un contexto donde las protestas contra proyectos de combustibles fósiles han ganado relevancia global en los últimos años.