Greenpeace, en peligro de quiebra por la demanda de una empresa energética que le acusa de difamación

la empresa energética Energy Transfer, con sede en Dallas y que controla el oleoducto Dakota Access, demandó a Greenpeace en un tribunal estatal de Dakota del Norte en febrero de 2019. Acusaba a Greenpeace de causarle daños por valor de 300 millones de dólares por sus protestas contra la construcción del oleoducto en los años 2016 y 2017.

En marzo de 2024, Energy Transfer modificó su demanda en un tribunal estatal. Señalaba que Greenpeace había diseñado un plan ilegal y violento para causar un daño financiero a la empresa y un daño físico a los empleados de Energy Transfer, y de interrumpir la construcción del oleoducto a la vez que difamaba a la empresa por medio de sus protestas.

Hoy comienza en el juzgado de Dakota del Norte el juicio de Energy Transfer contra las oficinas de Greenpeace en Estados Unidos y Greenpeace Internacional. La empresa pide a Greenpeace 300 millones de dólares, «una cantidad tan desorbitada que puede obligar a cerrar la oficina en Estados Unidos», según aseguran los afectados.

Greenpeace asegura que Energy Transfer les acusa falsamente de liderar las protestas indígenas contra el oleoducto Dakota Access, «promovidas en realidad por los pueblos originarios de Standing Rock, y que la organización apoyó», admiten. Califican a Energy Transfer como una corporación multimillonaria y una de las grandes donantes de la campaña de Donald Trump.

En respuesta al asedio de Energy Transfer, Greenpeace Internacional presentó el pasado 11 de febrero una demanda ante un tribunal holandés contra la empresa estadounidense utilizando por primera vez la Directiva anti-Slapp de la Unión Europea. Con esta demanda, la organización ecologista busca la reparación por todos los daños y costes que está sufriendo como resultado de las «demandas continuadas y sin fundamento de la compañía fósil».