La UCO localiza una ‘offshore’ en Panamá del miembro de la trama acusado de pagar mordidas al PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado una sociedad offshore en Panamá propiedad de José Ruz, el constructor acusado de pagar comisiones ilegales al PSOE a cambio de contratos públicos. Tal y como ha podido saber El Debate en exclusiva, los investigadores están rastreando si la compañía opaca fue usada como tapadera para el desvío de mordidas. El empresario Víctor de Aldama acusó a este constructor de haber pagado mordidas al PSOE a cambio de contratos. Sólo el Ministerio de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos, imputado por corrupción en el Tribunal Supremo, adjudicó 128 millones en contratos a este constructor.

Los agentes han identificado esta sociedad opaca en medio de las pesquisas que están llevando a cabo para verificar si el constructor José Ruz, propietario de Levantina de Ingeniería y Construcción, transfirió al paraíso fiscal de Panamá cantidades de dinero que luego sirvieron para el pago de mordidas. En concreto, los investigadores están tras la pista de una offshore que opera bajo el mismo nombre de la constructora valenciana. Al revisar quién estaba detrás de la empresa caribeña han descubierto que, casualmente se encuentra Ruz y Brígido Navarro Giménez, la mano derecha del constructor, ambos acusados del pago de comisiones al PSOE a cambio de contratos públicos.

Si bien la sociedad panameña fue constituida el 15 de abril de 2011, la Guardia Civil ha detectado un conjunto de movimientos a raíz de que Ábalos fuera nombrado ministro. El más llamativo, precisamente, se produjo el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró a Ábalos titular de Transportes, el 6 de junio de 2018. Dos días antes también hubo cambios. El bufete Sucre, Briceño & CO, que figura en el caso La Ruta del Dinero K, donde se investiga el pago de mordidas a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que representaba a la constructora, dejó de hacerlo y en su lugar comenzó a figurar Cort Abogados, otro agente residente, como se denomina en la isla a los representantes de las mercantiles, que aparece en otra red de corrupción. En este caso, la megatrama Odebrecht, otro caso de pago de comisiones ilegales en Hispanoamérica.

Para los agentes resulta llamativo ya que desde 2016 no se había producido ningún movimiento por parte de la offshore. La constructora de Ruz forma parte del listado de empresas que, según el comisionista Aldama, hacía pagos al PSOE a cambio de contratos públicos. Concretamente, el comisionista, que también mantuvo relaciones con Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, presentó en el Tribunal Supremo un escrito en el que afirmaba que Ábalos había adjudicado a Levantina contratos por valor de 128 millones de euros. En total, tres contratos. El primero de 80 millones, el segundo de ocho millones y el tercero de 20 millones más. En efecto, esta constructora fue beneficiaria de cuantiosos expedientes de contratación licitados desde Aena y Adif, ambos organismos descendientes de Transportes.

A continuación, Aldama, entre la documentación que ha puesto a disposición del magistrado Leopoldo Puente, que acordó la imputación de Ábalos por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, explica que Levantina también obtuvo contrataciones del Ejecutivo de Canarias en el momento en que estaba presidido por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. En medio de la investigación de los contratos adjudicados a Levantina, los agentes descubrieron que Koldo García, asesor de Ábalos, se desplazó a Gran Canaria junto a Ruz el 9 de febrero de 2022. A continuación, cuatro días después, el 13 de febrero, la Agencia Tributaria de Canarias licitó un contrato de 6,5 millones de euros para la «reforma interior y acondicionamiento del Edificio Royal para albergar la Delegación de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas de Gran Canaria» que, el 10 de mayo, fue finalmente adjudicado a la constructora.

Pero los investigadores establecen la conexión entre el entorno de Ábalos y Ruz dos años antes, en 2020, cuando Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, el epicentro de la trama, recibió 53 millones de euros en contratos. Los agentes de la UCO han interceptado citas de Koldo con el constructor durante ese periodo. El 30 de septiembre, según la agenda del asesor del exministro, figura «cita con Pepe Levantina». Mientras los agentes avanzan con esta nueva línea de investigación, la UCO ha confirmado al juez Puente que el exministro Ábalos cuenta con patrimonio inmobiliario en el extranjero: el inmueble de Chimbote (Perú) que descubrió El Debate y una finca en Colombia.