(Foto de ARCHIVO) La ministra Portavoz, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
Los profesores claman contra el Gobierno por la nueva ley que permite la intromisión de fondos de inversión en universidades
Entre los puntos más polémicos de los 58 folios del borrador filtrado, destacan la consideración de las universidades como «Centros de Enseñanza Superior», la financiación externa y por objetivos, las facilidades a las universidades privadas, y el peso de las empresas
Los profesores de las universidades públicas de Madrid se están movilizando contra el borrador de la ley autonómica de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias, que «empresarializa» las universidades reduciendo la financiación pública al 70 % y obligándolas a obtener el 30 % restante de otras fuentes como «constituir fondos de inversión».
Tras la «enorme preocupación» suscitada por el borrador, se están celebrando asambleas informativas en distintas universidades, sobre todo la Complutense y la Autónoma, promovidas por redes como 'UCM por la Pública' y 'UAM por la Pública'.
Entre los puntos más polémicos de los 58 folios del borrador filtrado, destacan la consideración de las universidades como «Centros de Enseñanza Superior», la financiación externa y por objetivos, las facilidades a las universidades privadas, y el peso de las empresas y de la Comunidad de Madrid en las decisiones de los Consejos Sociales de las universidades.
Otro tema conflictivo afecta a la seguridad y «vulnera la autonomía universitaria», ya que «se colaborará lealmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asegurar la protección de los derechos de todos» (art. 92), lo que las asambleas tildan de «represión».También critican que el borrador «dedica exactamente 16 líneas, entre 58 páginas, al cumplimiento y reconocimiento de la labor investigadora y docente».
«Desdibujar» la universidad
En su «regulación conjunta de las enseñanzas superiores madrileñas» (Universidad y FP), el borrador «desdibuja» los estudios universitarios, su tratamiento y su distinta naturaleza y protección. Englobar las universidades bajo la etiqueta de «Centros de Educación Superior, borra la clara distinción de su nivel académico», advierte la asamblea UCM.
En el Consejo de Coordinación Universitaria están sobre-representados la FP, las universidades privadas y el sector empresarial, el cual «se pretende que decida en los Consejos Sociales, forme parte sustancial del profesorado (asociados), se arroguen las prácticas y criterios de gestión de los centros y sean socios prioritarios en las actividades y financiación» universitarias.
Se busca crear «un macro-distrito universitario y de FP» cuya colaboración (Capítulo I) permita «compartir» espacios, docentes, programas. La puesta en común de infraestructuras de las universidades públicas podría ser «rentabilizada» por las privadas, según la asamblea UAM.
Así, el Distrito Único de Prácticas para las enseñanzas superiores en todos los centros públicos y privados «favorece a sectores privados al reforzar su posición hasta ahora secundaria en estudios como Medicina».
El borrador «desenfoca la especificidad y especialización de las prácticas en centros de prestigio en favor de los nuevos centros privados a los que se insufla esta capacidad», según UCM por la Pública.
Financiación externa
Las universidades podrán «constituir fondos de inversión u otros mecanismos financieros» (art.90), dentro de su «corresponsabilidad» para obtener recursos de financiación con el compromiso de «incremento gradual» de estos ingresos hasta cubrir «al menos el 30 % del total de sus capítulos de gasto».
La financiación por objetivos está en la LOSU, pero debe ser «adicional a la financiación estructural». Al garantizar la Comunidad de Madrid solo el 70 %, la universidad debe «autofinanciarse, buscar donativos y mecenas, convertirse en operador económico y concurrir en el mercado mediante fondos de inversión».
Las ideas de «productivización o empresarialización» determinan la composición del Consejo de Titulaciones Universitarias, con «consejeros de la Comunidad de múltiples ramas, empresarios e incluso un representante de la Cámara de Comercio de Madrid», que tendrán «el mismo peso que los miembros y representantes académicos a la hora de decidir el desarrollo, oferta o supresión de titulaciones».
Se refuerzan los Consejos Sociales (art.62) como «órganos de control» que podrán priorizar líneas docentes y de investigación y «vetar el presupuesto anual» de la universidad. Además, el consejero de Educación podrá proponer vocales del Consejo Social (art.69).
Asimismo, se beneficiará las universidades que logren "más contratos con empresas y cuyos profesores tengan más vínculos laborales con empresas (art. 88), subrayan desde la asamblea UAM.
