Médicos y hospitales se encaran a Muface tras la renovación del concierto

Tras meses de espera e incertidumbre, el millón y medio de funcionarios mutualistas de Muface ya respira tranquilo después de conocer que el concierto se prorrogará tres años más de la mano de Adeslas y Asisa. De esta forma, los servidores públicos podrán seguir disfrutando de una asistencia sanitaria concertada o, por el contrario, escoger el servicio público de salud.

Aunque las aseguradoras se han mostrado conformes con la subida de primas propuesta por el Ministerio de Función Pública –del 41,2 %–, otros agentes del concierto no se muestran tan satisfechos. Por un lado, los médicos autónomos, representados por Unipromel, explican que llevan sufriendo cada año recortes de las compañías adjudicatarias «que siempre alegan que no pueden mejorar nuestros honorarios porque pierden dinero».

Ignacio Guerrero, presidente de la asociación, aporta cifras en conversación con El Debate en el que muestra los «reducidos» precios que las aseguradoras les pagan. «Hablamos de menos de 8 euros por consulta en medicina general y 16 o 17 en el caso de especialistas», unas cantidades que están muy por debajo de los precios de mercado, ya que una consulta con un médico especialista ronda los 80 euros de media.

Unipromel convocó de urgencia el pasado 6 de marzo una reunión urgente con las aseguradoras adjudicatarias para abordar las implicaciones del nuevo marco contractual y defender los derechos de los médicos que prestan servicio en este modelo. Los médicos emplazan así a las únicas compañías que se han presentado al nuevo concierto mutualista para exigirles, entre otras medidas, una subida de sus primas, congeladas desde hace décadas. Si estas no actualizan sus baremos, los facultativos lo tienen claro: «Iremos a huelga».

Los hospitales y clínicas demandan «calidad»

Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 750 asociados con un total de 1.300 centros sanitarios entre los que se encuentran hospitales y clínicas, también se han mostrado críticos con Muface y han demandado a la mutualidad que asegure unas condiciones asistenciales de calidad para sus usuarios en el nuevo contrato mediante la inclusión de unas cláusulas de protección que garanticen que el derecho a la salud sea el mismo para todos los ciudadanos, independientemente de quien sea el prestador final del servicio.

ASPE ha advertido de que los centros sanitarios prestadores del servicio necesitan unas bases para garantizar un servicio de calidad, por lo que ha llamado a las aseguradoras a tener «altura de miras» y ofrecer una remuneración adecuada. Por ello, han emitido un escrito a Muface en el que solicita siete medidas que blinden las condiciones asistenciales de calidad para los usuarios del sistema.

«Creemos que el contrato tiene que disponer no solo condiciones económicas sino garantías de excelencia asistencial en todo el territorio nacional para evitar, entre otras cuestiones, que el propio sistema reduzca la frecuentación del usuario y este se sienta peor atendido», ha explicado el presidente de ASPE, Carlos Rus.

Por ello, aunque el Gobierno ha conseguido asegurar el mutualismo administrativo tres años más, los verdaderos prestadores del servicio se revuelven ahora contra las aseguradoras, algo que podría alargar la agonía de los funcionarios, que llevan meses sin saber qué iba a ocurrir con su prestación sanitaria.