El lobby vegano internacional forzó la polémica ley de bienestar animal

Cuando en 2009, el Parlamento de Cataluña empezó a tramitar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) antitaurina, que tenía como objetivo la prohibición de las corridas de toros, se daba a conocer a nivel mediático el activista vegano Leonardo Anselmi.

Este argentino de Rosario emigrado a Barcelona fue el encargado de recoger las 180.000 firmas necesarias para tramitar la iniciativa abolicionista y también fue una de las caras visibles, como portavoz de PROU!, de defender la ILP en el Parlamento catalán.

A Anselmi, en aquel entonces, no se le conocía otro oficio ni beneficio. Hizo su trabajo, aunque no se pudo probar qué o quién estaba detrás financiando su labor, y junto al fin de los toros en esa comunidad autónoma –una oportunidad estupenda que no dejó pasar el nacionalismo de dañar a algo que olía a español– dejó el rastro del veganismo que importó desde Argentina, un movimiento con mucho predicamento allí. Fue la primera vez que esta ideología entró de lleno a las instituciones, pues esa ILP contó con la atención mediática y política propios de todos aquellos aspectos que se discuten en un parlamento.

Año 2011. Nace Equo, un nuevo partido ecologista cuya cabeza visible es Juan López de Uralde, que precisamente había sido director de la organización ecologista radical Greenpeace, de origen canadiense, en España. Su última 'hazaña' ha sido arrojar enormes piedras al mar para impedir que los pescadores gallegos faenen en un caladero tradicional.

Año 2020. Primer gobierno de coalición de la democracia. Pedro Sánchez (PSOE) es investido presidente y forma Gobierno con Unidas Podemos. Pablo Iglesias será su vicepresidente y en manos de los morados recaerán ministerios como el de Derechos Sociales y Agenda 2030. En ese departamento se crea una dirección general de Derechos de los Animales, poniendo al frente a Sergio García Torres, que antes de militar en Podemos, había sido coordinador de AnimaNaturalis en Madrid y miembro de la Red Internacional Antitauromaquia.

AnimaNaturalis es una ONG iberoamericana. Junto a CAS Internacional, que tiene sede en Utrech (Países Bajos) han influido, a través de García Torres, para que el Gobierno saque adelante la polémica Ley de Bienestar Animal, que ha acabado con los dos partidos de coalición enfrentados tras un movimiento a tiempo del PSOE, presentando una enmienda para excluir a los perros de caza, tras pulsar el rechazo del mundo rural, agrícola y ganadero a esta nueva norma.

Movimientos urbanos e internacionales

Todos estos grupos, organizaciones y movimientos tienen una cosa en común: en la medida de sus posibilidades, hacen 'lobby' y presión en las instituciones, bien sean comunitarias, nacionales, autonómicas o locales.

Su última 'aportación' a la democracia española es la citada ley, que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de cazadores. Hasta Emiliano García Page, socialista como Sánchez, la ha repudiado. Vista la debacle electoral del PSOE en elecciones autonómicas como Andalucía o Castilla y León, donde el mundo rural aún sigue teniendo importancia, a Patxi López le faltó tiempo para presentar la enmienda que excluya a los animales participantes en actividades cinegéticas.

Desde la España rural critican que sean estos movimientos urbanos –fuertemente subvencionados, aunque de manera opaca– quienes decidan con sus dogmas y su ideología lo que debe pasar en el campo.

Ese sentir lo expresó mejor que nadie un ganadero gallego recientemente. Miembro de la asociación Agromuralla, que agrupa a ganaderos de Lugo y La Coruña, lo explicó así. «Este litro de leche cuesta 32 céntimos cuando a nosotros producirlo nos cuesta 42. Nos estamos arruinando porque están aumentando los costes de producción y no llegamos a fin de mes. Y al final nos lo tenemos que comer nosotros todos: ataques de lobos y jabalíes, las normativas de la Dirección de Derechos Animales… Los pueblos se están quedando vacíos porque no hay quien quiera trabajar la tierra».

¿Qué hay detrás?

Un argentino de Rosario emigrado a Cataluña que recoge 180.000 firmas por amor al arte para prohibir los toros en una comunidad que paralelamente mantiene los correbous. Una ONG neerlandesa, con alcance en las instituciones de la Unión Europea. Una red internacional que apoya la abolición de la tauromaquia. Partidos ecologistas cuyo cabeza de lista es un ex director de Greenpeace. Parece claro que España ha importado de fuera su particular movimiento animalista y vegano.

Desgraciadamente, resulta muchas veces complicado, por no decir casi imposible, seguir la pista del dinero. Llegar hasta su fuente de financiación. Porque cuesta pensar que solo con donaciones personales y bienintencionadas de los amantes de los animales se pueda llegar tan lejos.

Incluso es complicado hacerlo con las organizaciones más conocidas. Como cuenta Manuel Fernández Ordoñez en su libro En busca de la libertad. El planeta en peligro, la financiación de esta ONG resulta inquietante. En España existe mayor opacidad respecto a las donaciones, pero en países como Estados Unidos o Reino Unido existe mayor transparencia.

Los animales no pueden tener derechos porque son desiguales: dárselos al depredador sería quitárselos a su presaFrancis WolffFilósofo francés

Muchas empresas crean fundaciones sin ánimo de lucro para hacer donaciones, que son objeto de desgravación fiscal. En EEUU, la legislación las obliga a declararlas. Greenpeace no declara las donaciones recibidas, sino que le corresponde hacerlo a las fundaciones que las realizan. En 2019 recibieron más de 19 millones en donaciones procedentes de varias fundaciones, como la de los Rockefeller Brothers, que para más inri, son fundadores y dueños de varias petroleras. También aparece The Marisla Foundation, que financia Greenpeace pese a que la dirige la nieta de Jean Paul Getty, fundador de la petrolera Getty Oil.