Por qué se va a derruir la presa de Los Toranes en contra de la opinión de los vecinos: «Sería demoler la zona»

Más pronto que tarde los vecinos de la provincia de Teruel asistirán al derrumbe de una de sus presas, la de Los Toranes, situada entre los pueblos de Albentosa, Olba y San Agustín, en Teruel. Esta presa se utilizaba para aprovechar la diferencia de altitudes y el encajonamiento del río para la producción de energía eléctrica, pero la concesión terminó en 2018.

Desde ese momento, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), pilotado por la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, decidió desmantelar por completo la central hidroeléctrica y demoler la presa, lo que enfrentó a los vecinos de los pueblos aledaños, a los ecologistas y a los políticos, confrontados incluso dentro de sus propios partidos.

Este embalse se construyó en sobre el río Mijares a su paso por Albentosa (Teruel) en los años 40 para un aprovechamiento hidroeléctrico por parte de Iberdrola. Una vez caducada la concesión de 75 años –lo hizo en 2018, momento desde el que la compañía no lo explota–, el Miteco decidió su derribo basándose en informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar que plantean que su mantenimiento es «contrario al interés público, a las exigencias medioambientales y al plan hidrológico» y su rentabilidad, «dudosa».

Fueron dos años después del fin de la concesión, en noviembre de 2020, cuando el Miteco aprobó la demolición de esta presa «obsoleta», pero Iberdrola evitó asumir los costes de esta obra. La empresa recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), solicitando no hacerse cargo de la demolición, pero el TSJM falló en su contra y la energética elevó el recurso al Tribunal Supremo, que esta semana también ha rechazado sus pretensiones.

La compañía argumentaba que la concesión establecía que, al finalizar, las instalaciones revertirían al Estado, por lo que consideraba que debía ser el erario público quien costease el derribo. La sentencia del Supremo, sin embargo, señala que la «obligación de demolición al término de la concesión y a costa del concesionario se justifica, tal y como motivó la modificación normativa del año 2012, por la necesaria protección del dominio público».

Tras acatar la sentencia, Iberdrola ha resaltado la «preocupación generalizada que hay en las comunidades y en los pueblos afectados por la posible pérdida de estas infraestructuras de gran importancia en un país seco como España».

Los vecinos, contra el derribo

A pesar de que el Gobierno central decidió su demolición por razones ambientales y por su inviabilidad energética y económica, un informe encargado por los ayuntamientos de Albentosa, Olba y San Agustín –las tres poblaciones que rodean el embalse– señala que la central puede generar unos 700.000 euros al año de beneficio, además de producir energía verde. De igual forma, sus defensores destacan que es eficaz para la extinción de incendios y para mantener los regadíos de la zona y no entienden cómo se va a demoler si en el propio informe del Miteco se especifica que funciona.

Yolanda Salvador, alcaldesa socialista de Albentosa, en declaraciones a Cuatro, comenta que la comarca vive del turismo y el pantano lo dota de un entorno privilegiado. Las consecuencias del derribo serán, según la regidora, desastrosas y afirma que se convertirá en un secarral y que puede afectar al paraje natural: «Sería demoler la zona, no la presa».

La capacidad del embalse es de medio hectómetro cúbico (500 millones litros). A pesar de su inactividad desde hace seis años, sus defensores alegan que los regantes se siguen beneficiando de su agua y que ha servido para apagar varios incendios por la zona, que además cada vez son más frecuentes debido al aumento de las temperaturas y la escasez de lluvia.

Son los ecologistas los que sí se muestran favorables al derribo, ya que así el río recuperaría su cauce natural y se podría regenerar. Más de 45 organizaciones ambientalistas, científicas y deportivas respaldaron la eliminación de la presa.

División dentro del PSOE

Al igual que ocurre en otras regiones –como en Asturias, donde los socialistas autonómicos reclaman rebajar la protección al lobo, mientras desde el Gobierno central no se comparte– en Aragón, el propio PSOE se enfrenta con la doctrina a nivel nacional. De los tres pueblos afectados, dos tienen alcaldes socialistas, y continúan en su férrea oposición al derribo de la presa.

De igual manera, hasta mayo de 2023 gobernaba en la comunidad el socialista Javier Lambán, que apoyaba el mantenimiento de la presa e inició en mayo de 2021 el expediente para su declaración como Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés. Sin embargo, no prosperó debido a que son infraestructuras propiedad del Estado, por lo que invade sus competencias y ha de ser el titular el que lo catalogue como BIC.