Canarias espera por una ley de volcanes tres años después de la erupción del Tajogaite
El Gobierno central se jacta de haber destinado más de 1.000 millones a la isla, pero para los afectados, estas acciones no han sido suficientes para mitigar el impacto de una catástrofe cuyas secuelas aún persisten
Desde el cese de la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, declarado oficialmente apagado el 25 de diciembre de 2021, hace tres años, surgió entre los afectados la idea de que el archipiélago volcánico necesita una ley específica sobre volcanes.
La devastación causada por el volcán en Cumbre Vieja, que durante 85 días obligó al desalojo de 7.000 personas, cubrió más de 1.200 hectáreas con lava y destruyó cerca de 1.700 edificaciones, incluyendo más de 1.300 viviendas, motivó la creación de una Iniciativa Legislativa Popular. Esta propuesta, respaldada por más de 19.000 firmas, fue registrada en el Parlamento de Canarias en septiembre de 2023. Aunque la tramitación fue apoyada unánimemente por los siete grupos parlamentarios, no se logró su aprobación en la última sesión plenaria de diciembre, como deseaban los promotores, quienes buscaban simbolizar el aniversario del fin de la erupción.
Algunos grupos parlamentarios han solicitado más tiempo para presentar enmiendas, lo que el portavoz de la comisión promotora, Juan González, considera positivo, ya que demuestra interés en perfeccionar la ley, aunque su aprobación se retrase. El objetivo de esta normativa es garantizar derechos retroactivos a los afectados por erupciones volcánicas, asegurando una recuperación justa mediante compensaciones basadas en el valor real de lo perdido y estableciendo un marco legal para proteger su condición de damnificados.
González señala que el temor a futuras erupciones, como la posible actividad del volcán de Enmedio y los movimientos sísmicos en Tenerife, ha generado interés en ampliar la ley. Fuentes parlamentarias confirman que el plazo para presentar enmiendas se ha extendido hasta el 4 de febrero, con la intención de acelerar su aprobación tras la reapertura del periodo de sesiones en febrero.
Una situación que se estanca
En el tercer aniversario del fin de la erupción, González lamenta que muchos afectados siguen en una situación crítica: sin viviendas definitivas, propiedades aún sin tasar adecuadamente y pagos pendientes. A pesar del cambio en el Gobierno de Canarias, la recuperación avanza con lentitud, y numerosos aspectos de la catástrofe permanecen sin resolverse.
Mientras tanto, desde el sector público se destaca el esfuerzo en la reconstrucción. El Gobierno central afirma haber destinado más de 1.000 millones de euros a la isla y recientemente prorrogó diversas ayudas en el Consejo de Ministros, como los ERTE, exenciones fiscales para ciertas localidades y moratorias de préstamos para agricultores afectados. Sin embargo, para los afectados, estas acciones no han sido suficientes para mitigar el impacto de una catástrofe cuyas secuelas aún persisten.