De aquel palo, tal astilla: cuando Largo Caballero atacó a las familias numerosas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de aprobar un anteproyecto de ley de familias que, entre otras cuestiones, sustituye la categoría de «Familia Numerosa» por el de «Familias necesitadas de un apoyo especial en la crianza». Con un evidente sesgo ideológico, el Gobierno pretende ahora diluir a las familias numerosas asimilándolas en el texto legal a otras familias con circunstancias especiales, como las monoparentales. De nuevo, el Ejecutivo demuestra que su intención política no es otra que discriminar a la institución familiar, intentando relativizar su existencia natural a base de conculcar sus derechos en el espacio público.

Ya ocurrió durante la 2ª República

Sin embargo, esta decisión del presidente del Gobierno no es tan original como seguramente a él le gustaría pensar, porque no es la primera vez que un Gobierno socialista socava los derechos de las familias numerosas en España: ya durante la Segunda República ocurrió algo parecido. Así, a lo largo del año 1932 fueron promulgadas las leyes de divorcio y de matrimonio civil, y en materia de filiación se modificó en profundidad el derecho de familia generando el rechazo de una parte significativa de la sociedad española. A mediados de ese año, una periodista entonces afamada, Josefina Carabias, iniciaba en la revista Estampa una serie de artículos sobre las familias numerosas más prolíficas de España que se prolongaría durante el año siguiente. Era normal en la España de la época tener muchos hijos, de ahí su interés por conocer el día a día de las familias numerosas. Sin embargo, sus crónicas coincidieron con el anuncio del entonces Subsecretario del ministerio de Trabajo, Antonio Fabra Rivas, de que en el presupuesto de su departamento para el próximo año, 1933, se suprimirían las consignaciones en metálico para las familias numerosas. El arbitrario argumento esgrimido por el político socialista para justificar esa decisión fue que el Estado no controlaba la entrega efectiva de las cantidades asignadas, dado el número de intermediarios que intervenían durante la concesión administrativa, por lo que no se sabía si aquellas llegaban eficazmente a los beneficiados.

En realidad, se trataba de acabar con las ayudas a las familias numerosas que el 21 de junio de 1926, en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera, el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Aunós, había aprobado mediante un decreto–ley en cuya génesis había tenido influencia directa el sociólogo Severino Aznar y otros miembros del Instituto Nacional de Previsión. La medida política era de ámbito estatal y su objeto exclusivo era el proporcionar alivio a los obreros padres de familia con menos recursos concediendo un subsidio a quienes acreditaran unos ingresos inferiores a seis mil pesetas anuales en función del número de hijos: cien pesetas anuales para los que tuviesen ocho hijos y cincuenta pesetas adicionales al año por cada hijo a partir del noveno. Además, se bonificaba el pago de matrícula en los centros de enseñanza oficial a los hijos de los beneficiarios y empleados públicos civiles o militares con al menos ocho hijos, junto a otras exenciones fiscales menores. Durante su primer año de vigencia, el Estado repartió más de un millón seiscientas mil pesetas entre catorce mil padres de familia y aunque el propio autor de la disposición, el ministro Eduardo Aunós, calificó entonces aquellas cantidades de «relativamente insignificantes», la medida política poseía, sin embargo, gran significación social y una evidente carga moral.

La ley de Largo Caballero

Quizá intuyendo que la supresión de las ayudas familiares podía avivar tensiones en el propio partido socialista –a lo largo de 1932 algún diputado de la mayoría republicano-socialista había manifestado que estaba de acuerdo con las retribuciones familiares–, el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, anunció en las Cortes que preparaba una ley para las familias numerosas. Pero nunca llegó a presentarla y a finales de 1932 el Ministerio continuaba demorando el pago a los legítimos beneficiarios, hasta que el 28 de diciembre apareció en la Gaceta un decreto que reducía los beneficios de 1926 al derecho a matrícula gratuita en los establecimientos de enseñanza oficial. Preocupado por cuestiones mucho más ideológicas, esto fue todo lo que el dirigente socialista impulsó sobre el particular, y a mediados del año siguiente, cuando abandonó el Ministerio de Trabajo, las ayudas económicas a las familias españolas con más hijos habían dejado de existir. Los damnificados por la supresión del subsidio terminarían constituyendo una Sociedad Protectora de Subsidiarios y Beneficiarios de Familias Numerosas para la defensa de sus intereses, pero no sería hasta la contienda civil cuando una ley franquista de subsidios familiares, aprobada el 18 de julio de 1938, de nuevo a instancia de Severino Aznar, recuperó las ayudas para las familias españolas con más hijos. De aquel palo, tal astilla.