El gobierno afirma que la ley de asociaciones no afecta a la Fundación Franco, pero la disolverá igualmente

Nuevo embrollo jurídico del PSOE y el Gobierno de Sánchez con una de sus reformas legislativas estrella.

En esta ocasión, se trata de la reforma de la ley de asociaciones, introducida a propósito para disolver la Fundación Francisco Franco, y que su elaboración chapucera impedirá realizar el fin para el que fue ideada.

Según reconoció el gobierno a la agencia Efe, con esta reforma legal, admitida a trámite la semana pasada en el Congreso, difícilmente se podrá intervenir la Fundación Francisco Franco.

De hecho, según reconoce el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la reforma no le afectará.

El pasado martes el Congreso aceptó tomar a consideración la reforma legal propuesta por el grupo parlamentario con los votos a favor de todo el arco parlamentario a excepción de Vox, que votó en contra.

No así los diputados del PP, que votaron a favor, un gesto que, sin embargo, no le servirá para esquivar los continuos insultos y descalificaciones de los diputados de izquierda empeñados en meter al Partido Popular en el saco de la ultraderecha.

La iniciativa que acaba de ser admitida a trámite es una proposición de ley orgánica para reformar la ley orgánica reguladora del derecho de asociación, de 2002, con el objetivo de adaptarla a la ley de memoria democrática de 2022 e incluir la apología del franquismo como causa de disolución de una asociación.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aclararon a Efe que esta reforma legal no afectaría a la Fundación Francisco Franco, ya que en el caso de aprobarse solo será de aplicación para asociaciones que hagan apología del franquismo, y no para fundaciones, y deberá hacerse a través de una solicitud a cualquier Fiscalía.

Pese al revés, el Gobierno sigue empeñado en ilegalizar la Fundación Francisco Franco y, según el ministerio, bastará con recurrir a otro punto de la ley de memoria democrática que establece la posibilidad de pedir a un juez la extinción de una fundación contraria al interés general y cita como causa la apología del franquismo.

Con este sostén legal, el Gobierno inició el pasado mes de junio el proceso de extinción de la Fundación Francisco Franco a través concretamente del Ministerio de Cultura, de quien depende el protectorado estatal de fundaciones.

El Ministerio de Cultura solicitó un informe a la Secretaría de Memoria Democrática sobre el posible incumplimiento de la ley de memoria democrática por parte la Fundación Francisco Franco, un informe que está actualmente en proceso de elaboración.

Además, el Ministerio de Cultura abrió un periodo de recopilación de informaciones en el que participarán también las asociaciones de memoria.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática calculan que este proceso puede haber finalizado a mediados del año que viene y, a continuación, tendrá que ser el Ministerio de Cultura el que inste a la Justicia a la extinción de la Fundación Francisco Franco, teniendo los jueces la última palabra.