Los retos de la Alemania de Merz

Alemania vive un cambio dramático en su paisaje político. Mientras el más que probable futuro canciller Friedrich Merz acaba de cerrar la negociación de una coalición con los socialdemócratas, tanto él como su partido, la democristiana CDU/CSU, pierden rápidamente apoyo en las encuestas. Al mismo tiempo, la derecha de Alternativa para Alemania (AfD) experimenta un sorprendente crecimiento en esas encuestas. El tabloide Bild ya se pregunta si la AfD se convertirá en la primera fuerza política en Pascua. «Las encuestas son muy duras para nosotros», reconoce Thorsten Frei, un importante dirigente de la CDU y aliado de Merz.

Nunca antes en la historia reciente de Alemania un canciller entrante había sido tan impopular antes siquiera de asumir el poder. Según la última encuesta de DeutschlandTrend, Merz cuenta con apenas un 25 % de aprobación —diez puntos menos que justo antes de las elecciones a mediados de febrero—. Su credibilidad y la confianza pública en él se han desplomado.

Casi tres de cada cuatro alemanes (73 %) lo acusan de haberlos engañado en las últimas elecciones. Incluso muchos simpatizantes democristianos se sienten traicionados. Poco después de las elecciones del 23 de febrero, Merz dio un giro radical y aceptó una expansión masiva del endeudamiento público, algo que había rechazado tajantemente durante la campaña.

Se estima que Alemania podría incurrir en más de un billón de euros en nueva deuda durante los próximos años: sería el mayor y más rápido incremento del endeudamiento estatal desde la Segunda Guerra Mundial. Esta avalancha de deuda ha provocado una fuerte alarma entre la ciudadanía, especialmente entre los votantes conservadores. Merz lo justifica alegando que sólo después de los comicios se hizo evidente la urgente necesidad de un rearme masivo de la Bundeswehr a raíz de la actitud desafiante de Donald Trump hacia Europa, lo cual exigiría fortalecer la capacidad defensiva frente a Rusia. Pero este argumento no convence: el rumbo de Trump era previsible desde hacía tiempo y la alarmante debilidad del ejército alemán se conoce desde hace años.

El problema estriba en que la nueva coalición entre democristianos y socialdemócratas no supone el giro de rumbo drástico que votaron la mayoría de los alemanes frente a la desastrosa gestión del anterior gobierno de coalición encabezado por Olaf Scholz (SPD), ni frente al legado de Angela Merkel, una supuesta conservadora que en realidad allanó el camino hacia la crisis actual. Ambas etapas son responsables del declive industrial y económico de Alemania, del aumento extremo del coste de la energía a causa de la política «verde», de la elevada carga fiscal y burocrática, y de los graves problemas derivados de una inmigración irregular y descontrolada.

Desde la apertura de fronteras decidida por Merkel en 2015, han llegado a Alemania más de tres millones de solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes de países islámicos. Esta llegada masiva de inmigrantes difícilmente integrables y culturalmente ajenos cuesta al contribuyente alemán más de 30.000 millones de euros al año. En muchas zonas urbanas, como Berlín o el Ruhr, barrios enteros han sido transformados por una inmigración mal integrada y, en parte, islamizada. AfD nació precisamente como respuesta a estos problemas, ante el desplazamiento de la CDU hacia posiciones de izquierda durante la era Merkel.

Merz prometió un «cambio de rumbo en política económica y migratoria», pero ese giro parece condenado al fracaso. El nuevo canciller depende de la SPD, que no quiere ninguna rectificación. Aunque los socialdemócratas se hundieron a mínimos históricos en febrero, con apenas un 16 %, condicionan a la CDU/CSU —que obtuvo un escaso 28 %— muy por encima de sus resultados. Merz está atrapado por la izquierda y se ve obligado a aceptar todo tipo de imposiciones. Una verdadera ruptura política en Alemania parece hoy imposible.

La SPD impedirá que se revierta la insólita decisión de cerrar las centrales nucleares alemanas, a pesar de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. También evitará cualquier reducción real del flujo masivo de solicitantes de asilo procedentes de Siria, Afganistán y otros países conflictivos, un fenómeno que desborda a los gobiernos locales, sobrecarga el sistema de bienestar, colapsa las escuelas y agrava los problemas de criminalidad. Y bloqueará cualquier reforma significativa del sistema de prestaciones sociales, cuyos costes se disparan. Merz había prometido reformas de fondo en todos estos frentes, pero ahora parecen muy poco probables. No tiene alternativa a la coalición con la izquierda.

La razón de fondo es la controvertida estrategia de construir un «muro de contención» contra la exitosa AfD, el equivalente alemán del cordon sanitaire que desde hace décadas se aplica contra la derecha en Francia, Bélgica y otros países.

Con esta política del «muro», la CDU/CSU se ha cerrado su única vía de salida. No hay forma de abandonar realmente el fracasado rumbo izquierdista. Aunque en febrero una clara mayoría votó por opciones de centro-derecha, lo que ha resultado es un gobierno de centro-izquierda. Así, no es de extrañar la caída en el apoyo a la CDU/CSU, mientras AfD sigue creciendo.

La formación calificada de «extrema derecha» y liderada por Alice Weidel ya ha alcanzado el 24  % en las encuestas, empatando con la CDU/CSU. No es de extrañar que reine el nerviosismo entre los democristianos. Un comunicado de la Junge Union, la organización juvenil de la CDU, calificó la situación y los anuncios de los primeros pasos del gobierno Merz como un «desastre».

Cuanto más sube AfD, más se desata el pánico entre los medios y la clase política que ha ostentado el poder hasta ahora. Se observa un fenómeno parecido al de Francia, donde décadas de satanización del Frente Nacional y luego de Reagrupamiento Nacional no han conseguido frenar su ascenso. La condena judicial contra Marine Le Pen, que incluye su posible inhabilitación por cinco años —lo que le impediría presentarse a las presidenciales de 2027—, ha causado conmoción también al otro lado del Rin, donde son muchos quienes consideran extremadamente cuestionable que un juez pueda excluir del proceso al candidato con más apoyo en las encuestas.

La eliminación política de Le Pen se suma a otros ejemplos de «justicia arbitraria»: como la exclusión con argumentos débiles del candidato presidencial rumano Călin Georgescu, o el arresto del alcalde de Estambul y líder opositor Ekrem İmamoğlu, decretado por el presidente Erdoğan cuando İmamoğlu lideraba las encuestas en Turquía.

También en Alemania, algunas voces coquetean con ideas abiertamente antidemocráticas. Se habla de ilegalizar AfD, disolver el partido, confiscar sus activos, anular sus escaños en el Bundestag. Sería un ataque sin precedentes contra la democracia. La oposición ya es objeto de vigilancia por parte de los servicios secretos internos (Oficina para la Protección de la Constitución), que incluso interceptan llamadas telefónicas. Esto resulta escandaloso en un país que se define como libre.

Un intento de prohibir AfD fracasó en la legislatura anterior por falta de apoyos parlamentarios. Pero el SPD, los Verdes y Die Linke están dispuestos a volver a intentarlo. Esta vez, la CDU/CSU podría verse tentada a acabar con la molesta competencia a su derecha usando al Tribunal Constitucional de Karlsruhe.

Sería un hecho inédito en una democracia occidental: que los partidos de gobierno eliminen por decreto a la oposición. El año que viene habrá elecciones en dos estados del este de Alemania y AfD podría obtener un respaldo tan grande que podría llevar a la rotura del «muro de contención» y a su entrada en el gobierno. Quienes detentan el poder temen este escenario. Pero no temen por la salud de la democracia, tienen miedo a la democracia. Por este camino, Europa se estaría dirigiendo hacia una auténtica crisis sistémica de su modelo democrático.

Frente a este panorama inquietante, es más importante que nunca que todas las fuerzas conservadoras y los partidos democráticos de derechas en Europa se apoyen y se respalden mutuamente más allá de las fronteras, ante el intento del establishment de silenciar con métodos injustos y antidemocráticos las críticas y protestas legítimas de la oposición. En las elecciones legislativas alemanas de febrero, más de diez millones de ciudadanos votaron a AfD. El gobierno de Merz también será juzgado por si respeta a esos votantes o si intenta callarlos a la fuerza.