La Audiencia Nacional suspende la sanción a OHLA y se espera que también al resto del cártel de las constructoras

La CNMC impuso una multa histórica de 203,6 millones de euros a un cártel formado por seis constructores que, según el organismo, pasaron 25 años acordando en qué concursos públicos y de obra civil iban a participar, compartían información sobre su intención de concurrir o no a licitaciones o sobre cómo formaban UTE (Unión Temporal de Empresas) para según que obras.

Primer recurso

ACS recibió una multa de 57,1 millones de euros, FCC de 40,4 millones, Ferrovial de 38,5 millones, Acciona de 29, 4 millones, OHLA de 21,5 millones y Sacyr de 16,7 millones además de prohibir sus acuerdos con la Administración.

El primer recurso de una de estas constructoras ya ha tenido una sentencia favorable a sus intereses. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha suspendido la sanción de 21,5 millones de euros a OHLA y le permite de nuevo licitar con obras públicas, según explica El País.

Esta suspensión cautelar se podría extender al resto de constructoras hasta que la Audiencia Nacional emita una sanción en firma sobre estos comportamientos sobre los que la CNMC presentó pruebas documentales como los mails entre las partes.

Las constructoras sabían que este procedimiento iba a ser favorable a sus intereses en vista de que la Sala de lo Contencioso también emitió la misma suspensión cautelar a ArcelorMittal por el cártel de la chatarra en la que dejó sin efecto una multa de 12 millones de euros.

Argumentos

OHLA ha argumentado en su defensa que el pago de 21,5 millones de euros «causaría un perjuicio grave e irreparable» y que la multa representa casi todos sus beneficios de 2021 lo que «anularía la, ya de por sí escasa, recuperación económica».

OHLA también ha pedido seguir haciendo negocios con la Administración porque, según expresa, «el 38,5 % de sus ingresos de 2021 proceden del sector público y perderlos supondría un perjuicio de difícil, si no imposible, reparación».