«Malvendí mi piso porque los okupas lo destrozaron»: así desprecia el Gobierno a los propietarios

Asegura que su casa tenía un valor de 130.000 euros. Se llama Marta y vendió un piso de 60 metros cuadrados en un municipio a las afueras de Madrid por mucho menos de esa cantidad. «Ha sido una liberación, por fin respiramos, he pasado muchas noches sin dormir», asegura a El Debate mientras mira con tristeza cómo la casa de sus padres se ha convertido en su pesadilla los últimos cinco años.

Una pesadilla

«Mis padres fallecieron y mis hermanos y yo decidimos vender la casa», comenta Marta. Es una práctica habitual cuando ningún heredero quiere la propiedad. Un trámite que suele tardar poco tiempo porque siempre hay alguien dispuesto a comprar una propiedad que llega de una herencia y que no suele ser muy cara.

«A los 20 días de morir mi padre, con la casa vacía, ya empezaron a rondar okupas». Lo sabe porque los vecinos llamaban para preguntar si la habían alquilado y para avisarle de que era «gente rara» la que merodeaba la vivienda.

Cuando se cumplió un mes de la muerte de mi padre, perdimos la casa para siempreMartaVíctima de la okupación

«Cuando se cumplió un mes de la muerte de mi padre, perdimos la casa para siempre. La habían okupado y nunca más pudimos entrar» asegura en plena calle justo en el momento en el que otra vecina, conocida de Marta, interrumpe la conversación para contar su pequeña historia.

Tapias y cerraduras

«Yo vivía en un chalé, pero como estaba sola y soy mayor, me fui a un piso más pequeño. Tras dos intentos de robo, la policía me dijo que no querían robarme, que intentaban okupar la casa y que, o la vendía o la tapiaba, pero que ese chalé solo era un peligro para mí», declara María con una voz que se apaga según avanza la historia. «Vendí una casa enorme y preciosa que levantó mi marido por mucho menos de lo que valía, porque tenía que cambiar de dueños y ocuparse o me iba a traer muchos problemas si entraban estos delincuentes», aclara y se despide educadamente para seguir su camino.

Marta vivió un calvario de cinco años. «Denunciamos la ocupación ilegal, pero la policía no puede hacer nada una vez que entran y me recomiendan no intentar hacerlo por mi cuenta. Mi hermano quería sacarles por la fuerza, pero era peligroso». Marta y sus hermanos llamaron a una empresa de desokupación, pero fue imposible desalojar la casa. «Estaban atrincherados, era algo insólito, aunque cuentan los que saben de esto que cada vez se ven más fuertes y saben que la ley les protege».

Litigios

Su abogada empezó una aventura por el desierto jurídico español que duro un lustro con la intención de sacar de una propiedad privada a unas personas que se la habían apropiado por las buenas. «Es una vergüenza como las leyes tienen atados a los jueces, tengo que justificar que esa gente vive de manera ilegal en mi propiedad, me tratan a mí como culpable de tenerla deshabitada», explica con la voz rota.

Dice la ministra Irene Montero que la okupación «es un invento de la derecha», pero los números desmienten el relato porque en 2022 hubo casi 16.000 ocupaciones ilegales y las viviendas de la Sareb que vende Sánchez tienen casi 6.000 casas okupadas.

Cuentan los que saben de esto que los okupas cada vez se ven más fuertes y saben que la ley les protegeMartaVíctima de la okupación

Si Marta tuvo que aportar un indecente número de papeles y certificados, la nueva ley de vivienda obliga al propietario a certificar que los ocupantes del inmueble emplean la casa como vivienda habitual y hasta acreditar la situación económica porque si se trata de familias vulnerables que no pagan, será muy complicado echarles porque los servicios públicos tendrán la última palabra.

Desahucio

«El día del desahucio fue uno de los peores de mi vida y eso que en estos cinco años he sufrido la muerte de mi marido» declara mientras recuerda aquella mañana de mayo de 2021. «Mi abogada tenía todos los papeles, quedamos el día anterior por la noche y nos dijo que estuviéramos, pero que no increpáramos a los okupas porque podían encararse. Yo no dormí. La policía llegó a las ocho de la mañana, eran cuatro furgones, había un juez y según pasaban las horas se acumuló gente para protestar por una injusticia… ¡Una injusticia!», clama Marta.

Ahora todo será peor con la nueva ley porque los desahucios tendrán que estar agendados con fecha y hora y eso facilitará protestas que acabarán con actos violentos y, por supuesto, la izquierda pondrá a la policía en el punto de mira.

«Los ocho okupas pasaron por delante de mí y me dieron ganas de escupirles, pero no lo hice. Cuando la policía revisó la casa, me dijo que podía pasar. Se me cayó el mundo a los pies, toda una vida reducida a miseria, basura, excrementos, paredes pintadas, bombonas de butano, azulejos destrozados… no quedaba nada de la casa de mis padres», detalla.

Venta

Marta vendió su piso a una empresa que podía reformarlo y venderlo. «Nosotros no teníamos dinero para la reforma y nadie se iba a hacer cargo de lo que había destrozado esta gentuza. Malvendí mi casa por 60.000 euros cuando su valor era más del doble. No quiero volver a recordar lo que hemos pasado. El dinero me da igual», finaliza Marta.

Su historia es la de miles de españoles y la de muchos barrios donde la okupación ha quedado tan protegida que han decidido, además, delinquir por los alrededores y refugiarse en estos pisos o locales.

La Policía y los expertos inmobiliarios piden que se blinden o se tapien las puertas si las casas van a quedar vacías un tiempo porque ahora la posibilidad de que se okupen para mucho tiempo es mayor y la angustia de Marta y de sus hermanos se repetirá.