España propone un recorte anual de la deuda para desbloquear ya las reglas fiscales

Fechas clave para las nuevas reglas de gasto europeas, que deberán entrar en vigor el próximo enero. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea están en pleno proceso de finalizar un acuerdo sobre las nuevas normas de disciplina fiscal, y para ello se reunirán este jueves en Bruselas.

El pacto se está forjando sobre las propuestas de la presidencia española. Tras titubeos y desacuerdos, como la idea mal recibida de utilizar fondos rusos confiscados para reconstruir Ucrania, la nueva propuesta del Ejecutivo español, adelantada por Bloomberg, ahora incorpora elementos clave de la posición alemana, especialmente en lo que respecta a la gestión de la deuda de los países más endeudados.

En su actualización, establece directrices claras sobre la reducción de la deuda: los países que excedan el umbral de deuda del 60 % del Producto Interno Bruto (PIB) deberán realizar una reducción «media anual mínima» de 1 punto porcentual del PIB cuando la deuda supere el 90 % del PIB y de 0.5 puntos cuando esté entre el 60 % y el 90 %. Este plan de ajuste se mantendrá durante todo el periodo necesario para alcanzar los objetivos.

Atendiendo a la principal demanda de Alemania, la propuesta sugiere un ajuste anual del 1 %. Esta idea fue inicialmente resistida por varios Estados, preocupados por su posible rigor en comparación con las normas actuales. Además, la propuesta incorpora la idea alemana de un colchón fiscal adicional, aplicable incluso a los países que no superen el límite del déficit público del 3 % del PIB.

Una nueva perspectiva

La Comisión Europea, según el documento, tendrá la responsabilidad de «asegurar que el ajuste fiscal continúe» hasta que un país logre un déficit de 1.5 % del PIB en circunstancias económicas normales.

Esta medida busca dejar un «margen de maniobra» en los presupuestos nacionales. Para lograr este objetivo, el ajuste anual en el déficit estructural primario fluctuará entre el 0.2 % y el 0.4 % del PIB, dependiendo del tiempo que tenga el país para implementar estas medidas.

En situaciones donde el déficit público supere el 3 % del PIB, se exigirá a los países un recorte anual mínimo del 0.5 % del PIB en su déficit estructural primario, excluyendo los pagos de intereses. Sin embargo, existe división entre los países sobre si incluir o no los intereses en este cálculo, lo que podría hacer que el ajuste sea más suave o más estricto.

En un intento de asegurar el cumplimiento, el nuevo marco contempla la posibilidad de imponer multas semestrales a los países que no cumplan con las normas. Estas multas serán menores en comparación con las actuales, facilitando así su aplicación. A petición de países como Alemania, Austria y Países Bajos, se ha eliminado el límite a la acumulación de sanciones sugerido inicialmente por Bruselas.

Otro aspecto a debatir son los criterios que permitirían a los gobiernos extender de cuatro a siete años sus trayectorias fiscales. Esto dependerá de los compromisos de reformas e inversiones que cada país esté dispuesto a adoptar.

Este acuerdo busca equilibrar las perspectivas de los llamados 'halcones', que abogan por una disciplina fiscal más estricta y la reducción de la deuda y el déficit, con la de los países del sur de Europa, como Francia e Italia, que buscan más flexibilidad para el gasto y las inversiones públicas. La presión es especialmente fuerte para España, que confía en cerrar el acuerdo durante su presidencia del Consejo Europeo, ya que finalizará en diciembre dejando aún muchos cabos sueltos.