Urge despolitizar el salario mínimo
En adelante, el valor del SMI debería surgir exclusivamente de la libre negociación entre sindicatos y organizaciones empresariales
La involución conceptual en esta España sanchista-leninista es tal, que lo que se presenta como un «avance social» o una cuestión de «equidad» (el aumento del salario mínimo), es en verdad un ataque a la libertad y la ley, y limita las oportunidades de empleo de trabajadores y parados. Vayamos por partes.
La actualización del salario mínimo (SMI) está regulada por dos normas. El Estatuto de los Trabajadores (artículo 27.1) y la Carta Social Europea. Dicho Estatuto dice que el SMI se fijará, «previa consulta con los agentes sociales», teniendo en cuenta la inflación, la productividad y la coyuntura económica.
Entre 2018 y 2023 el SMI creció 30 puntos porcentuales más que la inflación
Entre 2018 y 2023 el SMI creció 30 puntos porcentuales más que la inflación. Al mismo tiempo, la productividad (PIB por persona ocupada) cayó casi 4% (el peor registro entre 34 países avanzados). Si eso basta para darse cuenta de que los incrementos del SMI se han venido decidiendo al margen de la ley, no menos grave es que la «consulta» con los agentes sociales se ha convertido en un chantaje: se amenazó a la patronal con aceptar un incremento del 4% o a «atenerse a las consecuencias».
Las «consecuencias» están a la vista: un SMI de 1.134 euros, con un incremento del 5 %, que refuerza la idea de que cumplir con lo que diga la ley es algo que el gobierno considera apenas una opción. Porque tampoco es verdad que el gobierno esté obligado a subir el SMI para cumplir con la Carta Social Europea, que de ninguna manera promueve la aplicación automática y mecánica de la relación del 60% entre el salario mínimo y el salario medio. Incluso un SMI inferior a 1.000 euros bastaría para cumplir esa Carta.
No es verdad que el gobierno esté obligado a subir el SMI para cumplir con la Carta Social Europea
Aumentar de manera arbitraria el SMI implica una expropiación al sector privado. Expropiación equivalente a la diferencia entre los actuales salarios menores de 1.134 euros y este último nivel. Alguien podrá pensar que son solo unos pocos euros por mes. Pero si le añadimos las cotizaciones sociales y lo multiplicamos por 14 pagas y por los cerca de 1,8 millones de asalariados privados que cobran el SMI, el monto de la expropiación se acercaría a los 2.000 millones de euros anuales.
El gobierno desconoce el derecho a la libre contratación entre empleados y empleadores, al imponer su criterio acerca de cuál debe ser la remuneración mínima, cuando ya había un acuerdo entre partes. Para peor, el criterio oficial, «one size fits all» (una misma talla para todos), implica un coste inasumible para las pequeñas empresas, donde el salario, dada su productividad más baja, es menor que el salario medio nacional. Ese coste inasumible es aún más gravoso en las provincias con remuneraciones más bajas (Zamora, Badajoz, Teruel, Ávila, etc.).
El gobierno desconoce el derecho a la libre contratación entre empleados y empleadores
Pasar por encima de la ley, desconocer la libertad de contratación y confiscar arbitrariamente patrimonios privados son todas cosas más propias de la Venezuela chavista que de una democracia avanzada europea. Pero hay más.
La alocada subida del SMI, solo concebible en la mente de una ministra comunista que considera explotadores a todos los empleadores (y que por lo tanto trabaja para hundirlos), lejos de promover el bienestar social, es un poderoso incentivo para reemplazar trabajo manual por maquinaria. El desproporcionado SMI promueve, entonces, un elevado paro estructural, precisamente cuando España ya tiene la mayor tasa de paro de Europa.
La alocada subida del SMI es un poderoso incentivo para reemplazar trabajo manual por maquinaria
Una mirada superficial a las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social de trabajadores del campo y de empleados domésticos es suficiente para advertir el daño que provoca en el empleo el SMI. Pero no en el empleo de ingenieros y licenciados, sino solo entre las personas con menos experiencia y formación. ¿Será ese el objetivo deseado, para multiplicar el número de personas dependientes de una prestación estatal?
La conclusión es clara. Uno de los pasos que debemos dar como sociedad, si de verdad queremos ser una democracia avanzada, es despolitizar el SMI y arrebatar de las sucias manos de los políticos la capacidad para fijarlo donde se les antoje. En adelante, el valor del SMI debería surgir exclusivamente de la libre negociación entre sindicatos y organizaciones empresariales.
