El 'cupo' catalán, un «agravio comparativo» que quebraría la solidaridad interregional

Ni constitucional, ni viable, además de suponer un agravio comparativo que quebraría la solidaridad interregional. Estas son algunas de las conclusiones del informe que el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria ha elaborado sobre el «cupo» catalán que el Gobierno quiere aprobar para garantizar la investidura de Salvador Illa.

Los autores señalan que la creación de régimen distinto al común es incompatible con nuestro ordenamiento ya que el marco general de la ley de financiación autonómica y la Constitución no conceden ninguna singularidad en esta materia más allá de las recogidas en la Disposición Adicional primera para País Vasco y Navarra. «Da igual, por tanto, que se llame cupo, aportación o consorcio, como algunos actores implicados en la potencial negociación han propuesto; todo ello es lo mismo: insolidaridad e impedimento para la competencia fiscal», señala el informe.

Para la implementación de un régimen singular en alguna de las quince regiones de régimen común, debería ser reformado dicho sistema de régimen común para todas las comunidades, que supondría ir a un federalismo fiscal. Esto implicaría mayor corresponsabilidad fiscal, muy lejos de lo que buscan los impulsores de la «financiación singular» de Cataluña.

De hecho, los autores recuerdan que el argumento de que algunas comunidades, como Madrid, disfrutan dumping fiscal es falso ya que todas las regiones tienen las mismas competencias para subir o bajar impuestos. Además, el sistema que se quiere otorgar a Cataluña sobrefinanciaría esta comunidad, por lo que se podría hablar de doping fiscal.

Por otra parte, solo tres regiones aportan al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF): Madrid, Baleares, Baleares y Cataluña, por orden aportación en porcentaje del PIB.

Otorgar un régimen especial a Cataluña supondría un agravio comparativo y quebraría la solidaridad interregional. Sólo quedarían Madrid y Baleares como aportantes netas al fondo del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo que se traduciría en una menor solidaridad con las regiones con menos recursos y pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en dichas regiones.

«Por ello, entendemos que no tiene cabida legal en la Constitución y rompería con la solidaridad entre regiones, creando, en este tema también, ciudadanos de primera y de segunda», explican los autores.

El estudio pide, por tanto, una reforma del SFA para mejorar su transparencia, «superando la maraña de fondos actuales, plagados de trampas estadísticas, como los parámetros establecidos en su día para la población protegida o el establecimiento injusto de un límite al fondo de Competitividad. Ha de respetar la ordinalidad, es decir, que tras aportar a la solidaridad, la región solidaria no puede quedar detrás de la receptora, como ahora sí sucede».

Por último, los autores recomiendan acabar con el statu quo, es decir, que el punto de partida de cada comunidad no puede ser, como mínimo, lo recibido actualmente por cada región. «Hay regiones sobrefinanciadas, que deben perder financiación, y regiones infrafinanciadas, que deben ganarla».

«Adicionalmente, hay que respetar la solidaridad, consiguiendo que las forales aporten, respetando su régimen foral, pero aportando a la solidaridad, tan constitucional como su régimen; debe dejar de penalizarse el bajar impuestos, porque, al contrario, hay que hacer corresponsables a las CCAA de los ingresos, para que limiten más el gasto, donde debe ejercer un férreo control la ley de estabilidad, y todo ello, desde la multilateralidad del CPFF, nada bilateral», concluye el estudio.