La Justicia belga eleva a 80 millones de euros el embargo a España por el impago de las renovables

A lo largo de los últimos años, España ha incurrido en el impago de más de 25 laudos internacionales que, en primera instancia, han condenado a nuestro país a pagar 1.560 millones de euros en concepto de indemnización, por la retirada retroactiva de las primas previstas para las energías renovables. Una cifra bruta a la que, además, hay que sumarle los más de 315 millones de sobrecostes legales y financieros derivados del incumplimiento de los fallos dictados, en su mayoría, por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Si, en los últimos días se conocía que Bélgica decidía emprender acciones directas contra nuestro país, por valor de 32 millones de euros, en términos de ejecución de los fallos arbitrales, como otros países hiceron antes –Reino Unido, Australia o EE.UU.–, hoy ha trascendido que el estado flamenco ha dado un paso más elevando, hasta los 80 millones, la factura a su favor por este conflicto.

Cabe recordar que, en un escenario de impagos reiterados, el daño a la economía nacional puede cuantificarse en más de 7.340 millones, debido a la inseguridad jurídica generada. Además, los afectados han procedido a reclamar el embargo de activos financieros e inmobiliarios ante los tribunales, lo que ha supuesto un cambio cualitativo de circunstancias.

El accionista mayoritario de AENA

El pasado 10 de julio trascendió la decisión de la Justicia belga de ordenar el embargo de una cuenta de banco del ente público Enaire, accionista mayoritario de Aena. Dicho organismo recibe mes a mes los pagos que realiza Eurocontrol a los distintos países del espacio aéreo europeo para remunerar los servicios de gestión y manejo del tráfico aéreo. La compañía denunciante, la estadounidense Blasket Renewable Investments, forma parte de la larga lista de acreedores afectados por los impagos.

Eurocontrol cumplió con la orden el día 23, fecha en la que informó a la empresa denunciante del monto total sujeto al embargo. La cifra exacta asciende a 83.727.792,99 euros (83,7 millones de euros), de los cuales 79.987.601,52 euros se corresponden con los pagos pendientes a Enaire por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en España durante el pasado mes de junio.

Fuentes próximas a la causa han confirmado a El Debate que la orden de embargo seguirá en vigor hasta que se resuelva la situación. Lo que significa, por ejemplo, que los pagos de los próximos meses también quedarían bloqueados, a la espera de la resolución de la controversia. Es previsible que otros inversores afectados se sumen a estas acciones, puesto que la justicia belga permite añadir otros acreedores a la reclamación y se beneficien de esta medida de protección que busca evitar nuevos impagos.

El Gobierno español tiene encima de la mesa una propuesta de resolución por parte de las empresas afectadas. Sin embargo, las reiteradas negativas de la ministra Teresa Ribera a negociar una salida satisfactoria ha derivado, casi mensualmente, en la notificación de nuevos embargos. Los afectados piden a Ribera que recapacite y facilite una resolución satisfactoria que permita poner fin a la crisis.