El Gobierno coló, en pleno desastre por la DANA, la cesión al PNV del impuesto a multinacionales

La jugada ha sido particularmente deshonesta, tanto por el fondo como por las formas, y prácticamente ha pasado desapercibida ya que el foco estaba centrado en uno de los mayores desastres nacionales que se recuerdan. Antes de cancelar la sesión de control por los efectos de la DANA en la Comunidad Valencia, que ya han dejado más de doscientos muertos, el PNV consiguió sacarle al Gobierno la concertación del impuesto a multinacionales, un tributo no parece que vaya a aplicar.

La OCDE lleva años trabajando en la implantación de un impuesto mínimo global a las multinacionales del 15 % para evitar la competencia desleal entre los países. Este plan debería haberse puesto en marcha a mediados de este año, pero la falta de acuerdo entre los estados miembro está retrasando su aplicación. La UE se comprometió a trasponer este tributo a los países de la Unión desde el 1 de enero, pero varios países, con España a la cabeza, se negaron a cumplir.

Después de varios avisos, la Comisión denunció el pasado mes a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber notificado los plazos del procedimiento a seguir para incluir en el ordenamiento jurídico el gravamen a las empresas que facturen a partir de 750 millones de euros.

El Consejo de Ministros aprobó en junio de este año, en segunda vuelta, el proyecto de ley para la transposición de la directiva europea y este pasado miércoles acaba el periodo de enmiendas. Fue entonces, y antes de la cancelación de la sesión por los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana, cuando el Grupo Vasco alcanzó un acuerdo con el Gobierno para la «concertación con capacidad normativa de los impuestos a grupos multinacionales y a la banda a las instituciones forales».

En estos territorios ya se aplica un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades, pero la cesión de este nuevo gravamen «supone poner las bases futuras del Concierto Económico», según Aitor Esteban, ya que este tipo de tributos «se convertirá en un eje fundamental del sistema fiscal europeo».

Con el nuevo acuerdo, serán las diputaciones forales las que gestionen la aplicación de este impuesto, pero los expertos sospechan de su aplicación. «El PNV lo ha hecho para que las multinacionales que vengan a España paguen el impuesto en una provincia que tiene una excepción fiscal que les va a permitir hacer una competencia desleal al resto», explica el economista José Carlos Díez.

«Tienen total impunidad. ¿Con mil desaparecidos en ese momento no podrían haber esperado hasta el lunes?», se pregunta.

Incluso EH Bildu se pronunció de manera similar el pasado jueves. «Tengo dudas de si la concertación es para gestionar e implementar desde aquí ese impuesto o para gestionar desde aquí para impedir su implementación. Creo que hay más de lo segundo que de lo primero», señaló el portavoz de la formación independentista, Pello Otxandiano.

Vuelta a las vacaciones fiscales

En cualquier caso, una reducción por debajo del mínimo establecido por la OCDE podría acabar en los tribunales, como las llamadas vacaciones fiscales que aplicó en Gobierno vasco en los noventa para atraer la inversión extranjera. Entonces, el Ejecutivo de José Antonio Ardanza ofreció exenciones de hasta el 45 % en el Impuesto de Sociedades para aquellas compañías que se instalaran en el País Vasco, una medida que fue llevada a los tribunales por Cantabria y La Rioja al entender que favorecía la deslocalización de sus empresas.

En el año 2000, la Unión Europea declaró ilegales estas ayudas y obligó al País Vasco a recuperar las ayudas, unos 750 millones de euros por deducciones a la inversión y 163 millones por exención de pago por beneficios. Además, el Tribunal de Justicia de la UE impuso en 2014 una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo el dinero.