La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Fedea duda de la constitucionalidad del impuesto a la banca
Considera que es más bien una «multa» al sector por no gozar de la simpatía del Gobierno
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto en duda la constitucionalidad del nuevo impuesto sobre el sector bancario y ha considerado que es más bien una «multa» al sector por no gozar de la simpatía del Gobierno.
El think tank liderado por Ángel de la Fuente ha indicado que la «vía poco ortodoxa» de tramitación se ha hecho para evitar los informes preceptivos tanto de los ministerios competentes como de otros órganos consultivos como el Consejo de Estado. En su opinión, estos informes «difícilmente podrían evitar plantear objeciones de calado a una propuesta de más que dudosa constitucionalidad».
El tributo «es más bien una multa a un sector que resulta antipático a la mayoría gubernamental por razones ideológicas que un impuesto propio de un Estado de derecho», determina la Fundación.
Asimismo, ha criticado que el gravamen tendrá un impacto sobre la disponibilidad de crédito, sobre la competitividad del sector bancario y sobre la obra social de las entidades herederas de las antiguas cajas de ahorros.
La parte progresiva del impuesto, que parte de un 1 % pero escala por tramos hasta el 6 %, también ha sido criticada por Fedea, que considera que «no tiene mucho sentido» para las empresas porque desincentiva el crecimiento y tiene repercusiones negativas sobre su eficiencia.
Según las cuentas de Fedea del año 2022, las últimas disponibles, tuvo unos ingresos de 1,14 millones de euros ese año, de los cuales 808.000 euros procedieron de sus patronos. De esa cifra, 380.000 euros fueron aportados por BBVA, CaixaBank, Banco Santander y Banco Sabadell.
