El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Sánchez trata de asegurar el traspaso al País Vasco de secretarios, interventores y tesoreros locales tras tumbarlo el TC
Rubrica por tercera vez la cesión en una enmienda en la Ley Orgánica de medidas de eficiencia de la justicia
A la tercera quizá vaya la vencida. El Ejecutivo intenta asegurar fuera de toda duda el traspaso al País Vasco de la habilitación de secretarios, interventores y tesoreros locales, al introducirlo mediante una enmienda a la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada a mediados de noviembre por el pleno del Congreso.
Es la tercera vez que el Ejecutivo trata de amarrar dicha cesión, arrancada por el PNV a Sánchez, ya se intentó aprobar aprovechando los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Una maniobra de imposible encaje, como certificó en abril de este año el Tribunal Constitucional.
De ahí que el Ejecutivo volviera a la carga por segunda vez, a través de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.
La clave, detallan fuentes conocedoras, es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad, lo que ha encendido las alarmas entre los nacionalistas vascos de que pudiera volver a decaer.
«Está produciéndose un intento de poner la venda antes de la herida», apuntan a El Debate desde Fedeca, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores del Estado. A pesar de que esa disposición está en vigor, y ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional lo tumbe, a instancia del PNV —de nuevo— ha introducido una enmienda a una ley orgánica pidiendo lo mismo, detallan desde Fedeca.
También Cosital, el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, ha cuestionado la cesión a través de la LBRL, «no solo por su contenido, sino también por el procedimiento seguido para su aprobación». Aprobarla mediante su inclusión en una norma de rango orgánico ha sustraído el debate de los foros adecuados, vulnerando principios de transparencia y participación».
En su reciente asamblea, celebrada en León, la asociación acordó impugnar las órdenes del Gobierno Vasco que contemplan la convocatoria de oferta de empleo público para la habilitación nacional en el País Vasco, argumentando, entre otros, la «incompetencia manifiesta» del órgano emisor. También cuestionan la consideración del conocimiento del euskera como requisito de acceso en lugar de mérito.
«Fracaso» entre 2007 y 2013
Desde Fedeca, por su parte, recuerdan además que la habilitación ya se puso en manos de las autonomías entre 2007 y 2013, con unos resultados que tildan de «fracaso». Dicha cesión, dicen, «es la causante de la carencia actual de funcionarios habilitados».
La cesión de la habilitación a las autonomías es, para Fedeca, una de las causas de la actual escasez de perfiles
La asociación cuestiona además que para el proyecto de Ley de Función Pública «no se ha producido el necesario diálogo» con los representantes de los trabajadores. De la nueva normativa, critican en particular que se pueda eliminar el precepto que otorga al Gobierno la potestad de modificar o suprimir cuerpos y escalas en un plazo de seis meses tras su entrada en vigor.
También la «promoción interna horizontal», que permitiría a los funcionarios cambiar de un cuerpo a otro «sin considerar la formación y especialización requeridas en cada caso», lo que supone, según Fedeca, «una erosión de los principios de mérito y capacidad».
