Las comunidades del PP plantan a Montero y desprecian su quita de deuda: «El orden del día lo ha marcado ERC»

Las comunidades del PP han plantado en bloque a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta tarde en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Los doce consejeros autonómicos de las respectivas comunidades del PP, más las dos ciudades autónomas, han abandonado en bloque la reunión tras menos de una hora, al considerar que la propuesta de quita de 83.000 millones de euros trasladada por María Jesús Montero debería haberse negociado en el propio CPFF, en lugar de venir marcada de antemano.

«No hemos entrado en el fondo de la propuesta, hemos decidido que no queremos seguir trabajando así», ha asegurado el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos. «El orden del día no lo ha marcado Montero, lo había impuesto ERC», ha añadido.

Los consejeros han coincidido en exigir a Montero una reforma integral del sistema de financiación autonómico para paliar el déficit crónico de recursos que sufren algunas autonomías.

«El Gobierno nos impone cada día nuevas obligaciones, pero no nos da más recursos para que las podamos cumplir. Sólo atienden a los independentistas y se olvidan del resto», ha cuestionado por su parte la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

Antes de salir, los representantes autonómicos han dejado una carta a Montero reclamando una reforma del sistema de financiación y proponiendo vías alternativas para aliviar el endeudamiento de sus cuentas sin trasladar únicamente el apunte al Estado.

Entre ellas, crear un fondo transitorio para paliar la infrafinanciación de las autonomías, actualizar las entregas a cuenta para 2025 y mantener el mecanismo Extra-FLA que, dicen, «no aparece reflejado en el programa de financiación por primera vez desde su creación». Además, piden a Montero que el Estado absorba la deuda derivada de los gastos extraordinarios asumidos por la Generalitat valenciana para hacer frente a las consecuencias de la dana.

«Hay que dar una solución a la deuda, sí, pero siempre en el marco del sistema de financiación. Con lo que ha puesto hoy el PSOE sobre la mesa eso no se puede», según la consellera valenciana, Ruth Merino. Ni siquiera la representante de Andalucía, la comunidad a la que mayor volumen bruto se condonaría, ha aceptado el 'caramelo envenenado' de Montero: «Andalucía tiene un problema de financiación, no de deuda», ha aseverado Carolina España.

A este respecto, la única concesión que se habría abierto a hacer Hacienda para mejorar de forma sostenida los ingresos de las autonomías es proponer un reparto territorial del impuesto a las entidades financieras, vigente en principio durante los tres próximos ejercicios.

Pese al plantón, la reunión ha continuado con el objetivo de dejar aprobada la propuesta de condonación. Para ello sería suficiente la mayoría de la representación del CPFF, para lo que basta que Hacienda logre el voto de una única comunidad autónoma. Sería suficiente por tanto el respaldo de Cataluña, pero también el de Castilla La Mancha o Asturias, gobernadas todas ellas por el PSOE.

«Trilerismo fiscal»

«Es una absoluta perversión. La deuda que nos proponen quitar por un lado la vamos a pagar por el otro, porque como extremeños somos también españoles», en palabras de la consejera Elena Manzano.

Cómo ya informó El Debate, el PP llegó a la reunión del CPFF con la intención firme de rechazar la propuesta del ministerio de Hacienda, que califican de «trilerismo fiscal» porque la deuda se tendrá que acabar pagando igualmente.

Un informe del observatorio económico de la Universidad Francisco de Vitoria publicado este miércoles añade al respecto que la metodología aplicada por Hacienda «tiende a favorecer a las regiones que han acumulado mayores niveles de deuda, como Cataluña, mientras que las comunidades con una gestión fiscal más estricta, como Madrid, se verán menos beneficiadas.

«Esto plantea interrogantes sobre los incentivos que se generan para la gestión financiera autonómica», afirma el Observatorio que dirige José María Rotellar, que prevé también un posible impacto en la inversión en España «al enviar señales mixtas a los inversores, quienes podrían cuestionar la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar su deuda».