Más paro y peores sueldos, el balance de la Ley Rider de Yolanda Díaz cuatro años después

Cuando el Gobierno aprobó en 2021 la llamada Ley Rider, que obligaba a regularizar a las empresarias de comida a domicilio los contratos de sus repartidores, Yolanda Díaz aseguró que España se convertía así «en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia». Cuatro años después, la normativa ha provocado un empeoramiento de las condiciones de los autónomos y, por extensión, de los nuevos fijos.

La reforma establecía la presunción de que todos los repartidores eran falsos autónomos, obligando a las empresas a darles de alta como asalariados con contrato fijo, lo que provocó una segmentación del mercado. Mientras que algunas plataformas contrataron a sus repartidores, otras impugnaron la legislación en los tribunales sin demasiado éxito. Las de este segundo grupo justificaban su rechazo basándose en que sus repartidores pueden rechazar pedidos y elegir libremente sus horas de trabajo. Sin embargo, diversos varapalos judiciales han llevado a empresas como Glovo a acumular más de 200 millones de euros en multas administrativas.

Ahora, un estudio elaborado por los investigadores Juan J. Dolado, Álvaro Jañez y Félix Wellschmied y publicado por el Instituto de Economía Laboral (IZA) ha cuantificado los efectos en el mercado laboral de la ley y sus resultados son particularmente interesantes. Los autores destacan que justo antes de la reforma, había alrededor de 25.000 repartidores en España, cifra que aumentó hasta las 35.000 personas en 2024, mientras que el número de contratos se duplicó en solo un año, siendo en su mayoría indefinidos.

«Esta evidencia parece apuntar a un aparente éxito de la reforma», señalan los autores. «Sin embargo, este aumento debe considerarse a la luz del aumento de la demanda tras la pandemia en la mayoría de los países, junto con el consiguiente incremento de plataformas, por lo que es necesario un modelo cuantitativo para desentrañar el papel desempleado por la ley», añaden.

Así, los investigadores demostraron que las sanciones asociadas a la nueva regulación han aumentado el coste marginal de la producción de pedidos, lo que supone una menor demanda de repartidores autónomos y, por consiguiente, un incremento en los tiempos de espera. Esto, a su vez, ha reducido el salario por hora de los repartidores, ya que se les paga por cada pedido y no por las horas de trabajo invertidas.

En términos generales, el número de repartidores autónomos ha caído casi un 13 %, mientras que el aumento de fijos ha sido de un 7 %, lo que muestra que las empresas solo han podido absorber de manera parcial las pérdidas de trabajadores por cuenta ajena. Además, como el empeoramiento de las condiciones de autónomos deteriora las opciones externas de los repartidores, los salarios entre los asalariados no aumentan.

«En conjunto, constatamos que la reforma por sí sola reduce el empleo total en el sector de los repartidores en 7 puntos porcentuales, mientras que los salarios medios por hora y las horas efectivas caen en un 3 % y un 2,5 % respectivamente. Por lo tanto, concluimos que la reforma disminuye el bienestar de los repartidores en términos de unidades equivalentes de consumo», apunta los autores.

Bonificación fiscal

Los autores señalan también una bonificación fiscal neutra en materia de empleo «generaría grandes ganancias en materia de bienestar» a través de un aumento de la demanda de mano de obra, lo que aumentaría las probabilidades de encontrar empleos fijos para quienes buscan trabajo «y reduciría las pérdidas de ingresos» para los trabajadores que quisieran permanecer como autónomos.