Las aerolíneas defienden que se cobre el equipaje de mano pese a la multa de Consumo: «Es perfectamente legal»

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha defendido la actuación de algunas aerolíneas sobre la política del equipaje de mano, recientemente sancionada por el Ministerio de Consumo, y ha asegurado que «esa práctica es perfectamente legal, y sobre todo es buena para los consumidores».

Son palabras de Javier Gándara, presidente de ALA en una rueda de prensa este viernes en el que ha hecho balance sobre la situación del sector aéreo, además de adelantar las perspectivas para la temporada de verano. En ella ha explicado que «esa práctica intenta resolver un gran problema, porque los aviones, de media, tienen sitio para 180 pasajeros, pero en los portamaletas solo caben aproximadamente 90».

Anteriormente, las maletas que no cabían se etiquetaban y bajaban a la bodega del avión, causando retrasos en las rutas. «Esta práctica ha reducido las demoras en un 90 %», asegura Gándara. Además, se da libertad al pasajero, ya que siempre tiene conocimiento del precio del vuelo que ha seleccionado y puede elegir los servicios que precisa y realmente pagar por lo que necesita y no tener que pagar un precio más alto por servicios que no precisa. De hecho, según datos aportados por la asociación «el año pasado en España 50 millones de pasajeros se beneficiaron de esa tarifa básica más barata porque volaban sin maleta y sin tener equipaje facturado».

La asociación también se ha apoyado en una sentencia de 2014 del Tribunal Europeo –la misma en la que se fija Ryanair–, que daba la razón a Vueling. En ella se establecía que las compañías tienen libertad a la hora de fijar los precios de sus servicios, y que el concepto de tarifa aéreas abarca una amplia gama de servicios, en el que se incluye el equipaje.

Gándara también ha explicado que existe un reglamento europeo, el Reglamento 1008/2008, en el que se establece que «las compañías comunitarias fijarán libremente las tarifas y fletes de los servicios aéreos intracomunitarios». Por lo que pide que se homogenicen los criterios para que así no haya sentencias y normativas contradictorias.

Impagos del Gobierno

La asociación también ha hablado sobre la posibilidad de que algunas compañías reduzcan rutas y frecuencias si el Gobierno sigue retrasando los pagos por compensaciones para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

El presidente de ALA ha denunciado la escasa dotación presupuestaria para estas compensaciones, que a cierre del año sumarán un déficit de1.500 millones de euros, la diferencia entre lo que falta por cobrar de 2024 (425 millones) más lo que se devengará en 2025 (1.250 millones), ya que de los 560 millones de euros recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y que se van a posponer por segundo año consecutivo solo faltan por pagar 175 millones de euros.

No se trata de un problema de gestión o administrativo, sino que es falta de dotación prespuestaria por parte de Hacienda, ha dicho Javier Gándara, que ha incidido en que de no subir esa aportación «a algunas compañías no les va a quedar mas remedio que reducir frecuencias o rutas».