El horizonte de la 'ley Celaá' tras el 23-J: así son las promesas en educación de los principales partidos

Los principales partidos que concurren a las elecciones generales del 23 de julio lo hacen dedicando a la educación múltiples propuestas, ocupando esta área un espacio importante dentro de su programa electoral.

El punto de partida es la LOMLOE, conocida como ‘ley Celaá’, que fue aprobada durante esta legislatura por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, y que está en la actualidad vigente. Del resultado que arrojen las urnas dependerá su futuro. La Formación Profesional, el debate sobre la selectividad única, los problemas del profesorado y la situación del español en aquellas regiones donde hay lenguas cooficiales también tienen su hueco.

PSOE: continuidad de la LOMLOE

El PSOE ha sido el partido que apostó por la LOMLOE y como tal, en caso de imponerse en los comicios, seguirá con esta ley educativa vigente que establece el 60 % de los currículos escolares, dejando el 40 % restante a las autonomías.

Los socialistas se han marcado el objetivo de «universalizar la educación», haciendo lo propio con la escolarización entre los 0 y los 18 años, a la vez que reforzarán la educación de adultos para reducir la brecha digital.

A su vez, los de Pedro Sánchez recogen en su manual proposiciones como la educación afectivo-sexual, «como barrera ante el acceso a los contenidos pornográficos», diseñar la nueva carrera docente y seguir reduciendo el número de interinos.

En cuanto a la FP, el PSOE quiere seguir desarrollando la formación dual, por ello promete «ayudas para las empresas que colaboren, especialmente cuando se trate de fomentar la participación de las pequeñas y medianas». La Formación Profesional dual sigue recibiendo muchas críticas por la incertidumbre que genera, ya que a día de hoy, siguen existiendo más aspirantes a prácticas que empresas dispuestas a concedérselas, ya que muchas compañías lamentan que el pago de ese trabajo recaiga única y exclusivamente sobre ellas.

Por último, la universidad también ha recibido su propia normativa durante la pasada legislatura, la LOSU. Junto a ella, el partido propone «unidades de igualdad» en las universidades con especial foco en abordar y prevenir los casos de acoso en el entorno académico.

PP: selectividad única

El PP fue muy crítico con la LOMLOE, al que le interpuso recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Entre otras cosas, la oposición criticaba el exceso de ideología de la ‘ley Celaá’, a la que recurrió por algunos de sus aspectos más polémicos como la decisión de denegar ayudas públicas a los colegios que separaran por sexo o la obligación a las familias de estudiantes con necesidades especiales para que los eduquen en la escuela ordinaria sin contar con su opinión.

Con todo, los populares no tienen previsto derogarla, sino que en su programa han hablado de reformarla, y aunque no han profundizado demasiado, si se tienen en cuenta estos antecedentes, en caso de resultar vencedores y gobernar, serán estos puntos ya mencionados los primeros en caer.

Para ello, lo harán «impulsando un Acuerdo Social» con las familias y la comunidad educativa, así como el resto de fuerzas, para que esa reforma corrija la ideología de la LOMLOE y no caiga en el mismo error.

Por otra parte, el PP promete seguir defendiendo «la libertad de los padres para elegir el centro que quieren para sus hijos», en un intento de desmarcarse aún más de las cuestiones más polémicas de la ley educativa vigente, como hemos visto con el ejemplo de los niños de la educación especial. Para ellos, la formación asegura que defenderá este tipo de educación, que con la ‘ley Celaá’ tiene peligro de desaparecer.

Los de Núñez Feijóo, ante los desmanes causados por la inmersión lingüística, proponen «garantizar el equilibrio lingüístico en las comunidades con lenguas cooficiales», así como «asegurar la neutralidad ideológica en las aulas».

Por último, otra propuesta estrella de los de Génova hace referencia a la prueba de acceso a la universidad, que ya han criticado varios presidentes autonómicos durante los últimos exámenes, como los de Madrid y Andalucía. Feijóo propone una selectividad común, con unas condiciones básicas como la evaluación fijadas por el Gobierno central previa consulta con las comunidades.

Vox: La Educación, de vuelta al Estado

Vox también impugnó la LOMLOE, que también fue desestimada por el Constitucional. El partido de Santiago Abascal recurrió contra lo que consideraba «la parte más sectaria de la ley», que iba relacionada con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como el carácter excluyente del castellano en su consideración de lengua vehicular.

Por ello, la formación promete en su contrato con la ciudadanía que devolverán «inmediatamente» las competencias en Educación al Estado, acabando con el actual marco autonómico. A su vez, la LOMLOE quedaría sustituida por una Ley Nacional de Educación «lejos del sectarismo y la imposición ideológica radical promovida por los partidos del consenso progre».

Al igual que el PP, Vox propone implantar una prueba única de acceso a la Universidad que esté vigente en todo el territorio, e incluirá exámenes de evaluación de ámbito nacional en distintas etapas educativas que aseguren la asimilación de contenidos básicos en el conjunto de España.

Vox promete que, en caso de gobernar, se asegurará «el derecho a ser educado en español» en todo el territorio, así como se perseguirá a aquellas autoridades «que impidan el derecho» de los estudiantes a formarse en castellano.

Respecto a otros puntos importantes, los de Abascal dicen que se garantizará tanto el conocimiento previo como la aceptación de los padres para cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que reciban sus hijos, acabando con la presencia en el aula «de activistas y asociaciones».

Además, se intentará recuperar el prestigio y la autoridad del profesorado, y se impedirá que los alumnos puedan pasar de curso y consigan promocionar con asignaturas suspensas, otro de los aspectos más controvertidos de la vigente ‘ley Celaá’.

Sumar: Enseñanza plurilingüe

El partido de Yolanda Díaz, como aglutinador de una plataforma de varios partidos que han formado parte de la coalición de gobierno anterior, defenderá la LOMLOE en la próxima legislatura en el caso de gobernar.

Sumar promete ir más allá en lo que incluso ya está dispuesto en dicha ley, como la supresión de los conciertos educativos con centros «que discrimen por razón de sexo» –algo que ya recoge la norma– o «utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales».

Díaz quiere a su vez que exista en España «una enseñanza plurilingüe» que garantice «la igualdad lingüística», a pesar de que existen cada vez más ejemplos de discriminación única y exclusivamente al español haya donde convive con otra lengua. Sumar añade que protegerá «las lenguas oficiales del Estado con una Ley Estatal de uso y enseñanza de lenguas oficiales y minorizadas».

La plataforma electoral de la actual vicepresidenta también se compromete a la bajada de ratios en las aulas españolas, mejorar las condiciones de los profesores docentes y tender «hacia la gratuidad» de la universidad pública.