El juez prepara el rechazo a los recursos del ex ministro del Interior Jorge Fernández en la 'Kitchen'

Jorge Fernández Díaz tendrá que ir a juicio por su presunta responsabilidad en el espionaje al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el marco de la denominada Operación Kitchen. El juez instructor de la causa abierta en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, prepara el rechazo al último recurso de reposición planteado por la defensa de Fernández Díaz contra el cierre de la investigación decretado por el mismo magistrado, el pasado mes de julio. La defensa de Díaz recurrió la decisión judicial alegando que el archivo de la causa era precipitado y que la tesis de que la operación de seguimiento a Bárcenas fue ideada en el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Fernández, era «ajena a toda lógica». 

«La interpretación del Ilmo. Instructor 'encapsulando' los hechos en el entorno del Ministerio del Interior y rechazando la vía de investigación hacia el origen del problema, atenta contra el más elemental sentido común y contradice el resultado de las diligencias practicadas. La decisión judicial supone un cierre en falso de la investigación», rezó el escrito del abogado que García-Castellón se inclina por desestimar. 

Con el rechazo al recurso de reposición planteado por el abogado de Fernández Díaz se cierra la última vía del exministro para evitar su procesamiento y se activa el auto de conversión de la causa en juicio oral. Lo que supondrá que, tanto él, como su número dos en el Departamento, el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. 

Además de ellos, varios miembros de la cúpula de Interior entre los que están el Director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, los responsables policiales José Angel Fuentes Gago, José Luis Olivera, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, el excomisario y principal investigado en la macrocausa Tándem, José Manuel Villarejo, y el propio exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, deberán responder ante la Justicia como presuntos autores de hasta media docena de delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, descubrimiento y revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. 

El instructor ya rechazó la solicitud de prórroga de la investigación solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las acusaciones para la práctica de nuevas diligencias de averiguación alegando que la ley no admite investigaciones prospectivas. «La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario», sentenciaba García-Castellón.

Sin citar a Rajoy y salvando a Cospedal

En el auto de apertura del procedimiento que, hasta la fecha, había paralizado el recurso de Fernández Díaz, el magistrado rechazó, por falta de indicios, enviar a juicio a la exsecretaria general del Partido Popular y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; al marido de ésta, el empresario Ignacio López del Hierro; y, a su jefe de gabinete, José Luis Ortiz. Tampoco consideró necesaria la comparecencia como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El juez descartó  que hubiese una «trama política» en el PP para espiar a Bárcenas, fuera del operativo diseñado en el Ministerio del Interior

Por su parte, aunque Cospedal declaró haberse reunido con el comisario jubilado Villarejo «por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación», negó tajantemente que en el transcurso de las mismas el expolicía le hubiese trasladado «encargo alguno». 

Las claves de la 'Kitchen'

El juez García-Castellón concluyó que entre los años 2012 y 2013 los hasta ahora investigados, próximamente procesados, se pusieron de acuerdo para activar un operativo de espionaje sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. En el contexto de aquella organización, el exministro Jorge Fernández Díaz, con abuso de sus funciones y conocimiento de la ilegalidad de las actuaciones, habría instado a Francisco Martínez, su jefe de Gabinete y posteriormente secretario de Estado de Seguridad, para que arrancase una operación con el objetivo de incautar información en poder del extesorero popular y «sustraer dicho material de la autoridad judicial» que investigaba los conocidos como papeles de Bárcenas, en una de las derivadas del caso Gürtel.

Desde entonces, cada uno de los diferentes implicados asumieron una función concreta orientada a un mismo fin común, el de captar «a un colaborador» del entorno más cercano de Bárcenas para acceder, a través de él a la documentación que trataban de neutralizar. Para ello, el DAO Eugenio Pino encargó a García Castaño y Villarejo que se ganasen la confianza del entonces chófer de la familia del extesorero, Sergio Javier Ríos Esgueva, a cambio de dos mil euros mensuales procedentes de fondos reservados y de una futura plaza en la Policía Nacional. Para aproximarse al chófer, ambos comisarios se valieron de la colaboración del inspector jefe Andrés Gómez Gordo.

Según el magistrado instructor, la operación culminó en el otoño de 2013 cuando García Castaño se hizo con la ansiada información tras acceder, sin autorización judicial, al taller de la mujer de Bárcenas Rosalía Iglesias donde se encontraban los papeles ocultos tras un armario de doble fondo.