La mujer de Villarejo carga contra Podemos y un detective acusado se da a la fuga

La segunda cita judicial del caso Villarejo en el primero de los juicios abiertos en la Audiencia Nacional, por las piezas 'Pintor', 'Iron' y 'Land', ha quedado marcada por las peticiones de nulidad de la macrocausa de espionaje efectuadas por los abogados de los acusados y la solicitud de que se expulse a Podemos de la vista oral, a petición de la actual mujer del excomisario, Gemma Alcalá. La defensa Alcalá ha criticado con dureza a la formación morada por el «uso electoral» que asegura que el partido ha hecho de toda la investigación y ha pedido al tribunal que le retire la condición de acusación popular en el procedimiento. Además, los magistrados encargados del enjuiciamiento se han visto obligados a declarar en rebeldía a uno de los acusados, un detective que se ha dado a la fuga. 

Mientras las agendas de Villarejo centraron el inicio del juicio, en esta ocasión la discusión procesal se ha orientado a la pretendida invalidez de las pruebas recopiladas por los investigadores de las tres piezas que han sentado en el banquillo a un total de 27 acusados. 

De entre todos ellos, Juan Manuel León Leiva, uno de los detectives subcontratado por el comisario jubilado que supuestamente le habría ayudado a obtener información para, con ella, extorsionar a un abogado. «El letrado del señor Leiva nos ha comunicado que ignora el paradero de este señor, que no comparece ni se le espera que comparezca porque no hay forma de dar con él, y no sabe si incluso le ha podido pasar algo», ha explicado la magistrada Ángela Murillo. Ante tal situación, el tribunal ha ordenado una requisitoria contra el acusado que, de ser localizado, será juzgado en causa aparte. 

La mujer de Villarejo contra Podemos

El abogado Sergio Nuño, defensor de Gemma Alcalá, la mujer de Villarejo ha tratado de expulsar a Podemos de la causa, en la que se encuentra actualmente personado como acusación popular, utilizando otra de las piezas del caso Tándem, la que se refiere al presunto robo de la tarjeta telefónica de la exasistente de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, en un intento por acreditar que desde la formación política han hecho un uso interesado del procedimiento, con el fin de obtener  un rédito electoral.

Para ello, ha recurrido al precedente sentado por la propia Audiencia Nacional que acordó algo similar, entonces respecto al PP, en Gürtel. El juez Pablo Ruz expulsó al Partido Popular como acusación popular del caso pero, en aquella ocasión, porque el magistrado aseguraba que la figura del partido, más que como acusación era la de abogado defensor del ex tesorero de la formación, Luis Bárcenas. 

Nulidad de las cintas

Por primera vez un tribunal de Justicia tendrá que pronunciarse sobre la validez de las grabaciones obtenidas de forma presuntamente subrepticia por Villarejo y atesoradas por el excomisario durante más de veinte años de espionaje. Al hilo de las mismas, varias de las defensas han solicitado expresamente su nulidad porque, en primer lugar, han sido obtenidas sin el consentimiento de quienes estaban siendo grabados; en segundo término, porque sospechan que las mismas hayan podido ser manipuladas por el propio Villarejo; y, en tercer lugar porque, incluso siendo fiables, dudan de la cadena de custodia de las cintas. 

Los abogados defensores de los acusados de la pieza Iron han sostenido la violación del principio de legalidad de la cadena de custodia de todo el material incautado por los agentes de la autoridad judicial, en el marco de las operaciones de registro practicadas en el año 2017. Esta pieza, en concreto, se basa en la presunta contratación de los servicios prestados por la trama Villarejo, por el bufete Herrero y Asociados para espiar a varios exempleados de quienes sospechaban que les hacían competencia desleal. Tanto la defensa de Rafael Redondo, como de Gemma Alcalá, como del también policía retirado Antonio Bonilla se han sumado a esta tesis de la nulidad de las pruebas. 

El tribunal tendrá que despejar esta incógnita, así como resolver, en su futura sentencia, si quienes recurrían al comisario Villarejo, eran conocedores de las prácticas delictivas del expolicía como ha sostenido, hasta la fecha, el juez instructor de Tándem, el magistrado Manuel García-Castellón.