El 20-F, consulta popular para la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena

El Consejo de Ministros ha autorizado este lunes la celebración de una consulta popular para la fusión de los ayuntamientos extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena, que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que también se ha aprobado la pregunta -una para cada municipio- que se va a someter a votación: «¿Estás de acuerdo con que el ayuntamiento de (Don Benito/Villanueva de la Serena) ejercite la iniciativa para la tramitar del procedimiento de fusión con el municipio de (Villanueva de la Serena/Don Benito)?».

Don Benito y Villanueva de la Serena se han comprometido a seguir adelante con el procedimiento de fusión si el referéndum supera el 66 % de aceptación y, después, el resto del procedimiento lo llevará adelante la comunidad autónoma en colaboración con la Diputación Provincial, ha indicado la ministra. La fecha prevista para la consulta es el 20 de febrero, domingo. 

La portavoz ha señalado que este es un «procedimiento extraordinario» que tiene solo dos precedentes desde la entrada en vigor en 1985 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local: las fusiones de los municipios coruñeses de Cesuras y Oza dos Ríos en julio de 2013 y de las localidades pontevedresas de Cerdedo y Cotobade en enero de 2017, según han precisado a Efe fuentes del Ministerio de Política Territorial.

«Hacerse más fuerte»

Rodríguez ha afirmado que esta es «una decisión para aplaudir porque se trata de hacerse más fuerte», ya que ambos municipios pacenses no solo van a sumar población y extensión sino que van a convertirse en «uno de los polos de desarrollo económico más importantes de Extremadura y también facilitarán con ello una eficaz gestión de los fondos públicos, de los servicios y de los recursos que prestan a la ciudadanía».

Antes de este acuerdo y además de la iniciativa de los dos ayuntamientos, han emitido informes favorables la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, la Diputación Provincial y la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura, y la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial, ha informado favorablemente para que el Consejo de Ministros otorgue la autorización.

El Gobierno tiene la competencia para la autorización de estas consultas populares en virtud de la citada Ley de Bases del Régimen Local, de forma restringida, según ha informado la portavoz del Ejecutivo, a asuntos de competencia municipal, de carácter local, de especial interés para los vecinos y que no sean relativos a la hacienda local.

Consultas populares

Además, el artículo 149 de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum y la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por España en enero de 1988, señala expresamente que «para cualquier modificación de los límites territoriales locales, las colectividades locales afectadas deberán ser consultadas previamente, llegado el caso, allá donde la legislación lo permita».

Si prospera la consulta, de la fusión de estos dos municipios, limítrofes en sus territorios, saldría una nueva entidad local, con una población aproximada de 65.000 habitantes, lo que la convertiría en la tercera de Extremadura, solo por detrás de Badajoz y Cáceres, y con una extensión de 713 kilómetros cuadrados.

El área urbana resultante se alzaría como segundo polo económico de la provincia de Badajoz y primer núcleo municipal económico tanto del sector de la agricultura y la ganadería como de la industria en Extremadura.

Según los estudios preliminares de ambos consistorios, el impacto de esta fusión en términos de riqueza, actividad económica y desarrollo de rentas sería de incrementos del 2,75 % en las rentas de los hogares y del 5 % tanto en empleo, especialmente en servicios y empresas, como en población con estudios universitarios.