La localidad de Benamargosa ha sido una de las más afectadas de la provincia de Málaga
El Ayuntamiento se prepara para hacer frente a las catástrofes naturales
Adopta en su estructura interna los cambios normativos a nivel nacional
La reacción de las administraciones ante cualquier de catástrofe es fundamental para minimizar los efectos de la misma. Organización, celeridad y eficacia son tres factores fundamentales a la hora de prestar ayuda y para ello el Ayuntamiento de Córdoba ha realizado un cambio en el reparto de competencias con la finalidad de ganar en capacidad de resolución y de canalizar las ayudas a través de una única vía.
Para ello, el alcalde ha procedido a realizar un cambio en el denominado decreto magno, que es el que al inicio de cada mandato reparte las competencias entre los delegados, con la finalidad de asignar esta responsabilidad a la de Cooperación y Solidaridad, que a partir de ahora se encargará de canalizar las ayudas, tanto económicas como en efectivos humanos o materiales, que se tengan que enviar con carácter de urgencia, como ha ocurrido recientemente con la DANA en Valencia.
A partir de ahora, en los casos de emergencia por catástrofes naturales o derivadas de la acción humana con graves daños con la finalidad de paliar los daños y ayudar al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada corresponde a esta Delegación tramitar las ayudas económicas.
La legislación
La normativa nacional reciente ha variado las competencias en esta material y es por ello el cambio introducido en el decreto magno. De este modo, se ajusta a la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global así como por el art. 57.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local tras su modificación por la Disposición Final Primera del Real Decreto Ley 7/2024 de 11 de noviembre.
En concreto, esta última norma establece que los ayuntamientos, «cuando concurran situaciones ocasionadas tras la producción de una emergencia civil por catástrofes naturales o derivadas de la acción humana con graves daños, podrán aportar por decisión de los órganos competentes de la entidad local, con sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, medios humanos y materiales a las entidades locales afectadas gravemente por dicha catástrofe a fin de coadyuvar al restablecimiento de la normalidad en lo posible, todo ello en razón de la protección de los intereses públicos y la aplicación del principio de solidaridad».
