Malestar en la Fiscalía por la prórroga de la investigación sobre Juan Carlos I

Son muchos los fiscales del Supremo que no ocultan su malestar con la reciente decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de prolongar seis meses más la investigación abierta en el seno del Ministerio Público, contra Juan Carlos I. La titular del Departamento ha aceptado la petición cursada hace unos días por su número dos, el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, de ampliar el tiempo disponible para concluir las pesquisas sobre el Rey emérito. Una decisión que no ha convencido a quienes consideran que el caso «se podía haber archivado antes» y discrepan de que «de vez en cuando salgan cosas o se dilate» el fin de una actuación, que está abocada al archivo, con el simple objetivo de «hacer daño» a la institución.

Tal y como El Debate contaba hace unos días, las pesquisas acerca del Rey emérito están abocadas al archivo pero los tiempos dependen, en último término de Campos, el teniente fiscal del Alto Tribunal quien, por esta razón, según apuntan fuentes próximas a la investigación, ha chocado en ocasiones con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, partidario de cerrar capítulo cuanto antes. 

Mientras tanto, las mismas fuentes confirmaban a comienzos de esta semana que «sigue todo abierto» ya que «queda información bancaria por recibir» de Suiza, en el marco de la comisión rogatoria librada a las autoridades helvéticas. Un escenario que apuntaba a la necesidad de prolongar la investigación hasta bien entrado el próximo año, durante otros seis meses, como adelantó este diario.

Una vez resueltos los flecos sobre el Rey emérito, la Fiscalía del Supremo y la Anticorrupción, ambas dependientes de la exministra de Justicia, decretarán el archivo al alimón de los tres frentes de la investigación que, hasta la fecha, mantiene vivos el Ministerio Público contra Don Juan Carlos. No habrá querella ni solicitud de acciones judiciales adicionales contra el monarca tras «dar por buenas las regularizaciones tributarias efectuadas» de manera voluntaria según han confirmado a El Debate fuentes conocedoras de la causa.

El propio teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, de quien, en último término, pende la decisión sobre el final del periplo de Juan Carlos I, fue el que comunicó oficialmente al Rey emérito la apertura de hasta tres líneas de investigación contra él, en junio, noviembre y diciembre de 2020, respectivamente. 

La Fiscalía del Alto Tribunal notificó entonces al Rey emérito que estaba siendo investigado por su fortuna, buena parte de ella oculta en el extranjero, lo que provocó que el monarca se dirigiese voluntariamente a la Agencia Tributaria para consignar dos pagos en concepto de regularización y disipar, así, las dudas sobre el presunto delito fiscal que planeaba sobre él.

En la primera de las ocasiones, Hacienda se encargaría de asumir todos los costes relativos al resto de instituciones en las que, más allá de hacer un tercer grado.