Igualdad asegura que presentar judicialmente a Juana Rivas como «mala madre» es «violencia» institucional

«tratar de construir que hay una mala madre que es negligente y que deja a sus hijos expuestos a la violencia es violencia. Es ejercer violencia contra ella» aseguran fuentes próximas al Ministerio de Igualdad sobre el caso Juana Rivas. En el Departamento que dirige Irene Montero «no nos vamos a mover de la protección de las madres protectoras», advierten. «Además», añaden, «el caso de Juana Rivas es un caso de disciplinamiento absoluto». Un precedente por el que «cualquier mujer que se atreva a proteger a sus hijos de la violencia de género puede acabar sufriendo un calvario». De nuevo en Igualdad ponen a la Justicia, y las decisiones judiciales, en el punto de mira para acusarlas de «violencia» institucionalizada por tomar decisiones contrarias a su ideología.

Es lo mismo «que lo que le ha pasado a Irune Costumero» quien «ha tenido que vivir que la Fiscalía la acuse de ejercer Síndrome de Alienación Parental (SAP) contra sus criaturas cuando el uso directo o indirecto del SAP está prohibido por la Ley de Infancia», manifiestan desde el Departamento de Montero. «Construir un argumento jurídico para que sea la madre la manipuladora del hijo o de la hija, en contra de su padre, está prohibido. No debería poder ser usado y mucho menos por el Poder del Estado encargado de ejecutar las leyes y de cumplirlas y hacerlas cumplir», sostienen. «Esto que es  un consenso en el feminismo», apuntan, «no ha llegado a las instituciones que siempre van tarde». 

Y se reafirman ante las preguntas sobre los presuntos abusos sexuales que, según el juez malagueño Manuel Piñar, sufrió estando al cuidado de Rivas su hijo menor. Rivas fue  condenada por secuestrar a los dos menores para separarlos de su padre, pero el entorno de Montero insiste, como ya hiciera la propia ministra, en que «aquí la única evidencia es que ese señor ha sido condenado por maltrato». Se refieren a Francesco Arcuri, expareja de Juana y padre de los dos hijos en común, quien a través de su abogado, Enrique Zambrano, anunció que se querellaría contra Irene Montero por hacer acusaciones falsas sobre él. 

A pesar de que las delicadas revelaciones sobre la historia Arcuri-Rivas, y su hijo pequeño, dieron un giro más al suceso, desde el Ministerio de Igualdad no sólo han expresado su apoyo a Juana Rivas en redes sociales, sino que han aprovechado de nuevo una resolución judicial para atacar al juez que la ha dictado y a las instituciones. 

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, decidió no suspender la pena de prisión a Juana Rivas tras el indulto parcial concedido a la madre malagueña por el Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que Rivas era «un grave peligro para sus hijos», aludiendo a los «abusos sexuales» que sufrió uno de ellos «mientras estaba bajo su custodia».

«En el día de los DDHH es más grave, aún, que un juez haya evitado que Juana Rivas sea puesta en libertad, en contra del Indulto y la fiscalía, a pesar de todas sus denuncias por la violencia que ella y sus hijos han sufrido. Es violencia institucional. Estamos contigo, Juana», tuiteaba la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez. Una reflexión que era retuiteada también por la propia ministra de Igualdad, Irene Montero.

Justicia ocultó los datos al Supremo 

El informe del juez de Granada, Manuel Piñar, alertando de los presuntos abusos sexuales sufridos por el hijo menor de Juana Rivas, la madre malagueña condenada por secuestro, mientras se encontraba bajo su custodia, nunca llegó al Supremo. Fuentes del Alto Tribunal han confirmado a El Debate cómo tanto el recurso presentado por Rivas para tratar de salvar la condena a cinco años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga, como el dictamen previo al indulto concedido por el Gobierno, se resolvieron sin tener en ningún momento ni constancia ni acceso a todos los documentos.

En el seno del Supremo se percibe el malestar. La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal, presidida por Manuel Marchena, rechazó por unanimidad la concesión del indulto total para la madre malagueña y concluyó en empate técnico (ocho votos contra ocho) las deliberaciones para el indulto parcial. Las decisiones podrían haber sido muy «diferentes», en ambos casos, de haberse conocido todos los detalles del caso, apuntan a El Debate fuentes cercanas al mismo. 

Sin embargo, el Pleno de la Sala Penal se pronunció ajeno al total de los datos que Piñar, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada y quien, en julio de 2018, condenó a Juana Rivas a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, asegura que remitió a Justicia.

No en vano, en el auto con el que hace una semana el juez granadino rechazó la puesta en libertad de Juana Rivas, pese a la reciente concesión del indulto parcial por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en contra del criterio del Supremo, el magistrado se lamentaba porque, pese a que su juzgado «emitió el parecer sobre el peligro que para los hijos representa la acusada en un informe contrario al indulto», ya no sabía «cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor».

Piñar ha dejado entrever que informó, por varias vías, de lo ocurrido en 2017 con el hijo menor de Juana Rivas, mientras los pequeños se encontraban bajo los cuidados de la madre. Su objetivo era que el contenido de sus escritos se incorporase al expediente del indulto que elaboraba el Ministerio de Justicia de Pilar Llop sobre el caso. 

Lo cierto es que en el Supremo no hay ni rastro del mismo. La Sala de lo Penal no manejó «en ningún momento» documentación sobre los presuntos abusos al menor. Pese a que El Debate se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para conocer su versión de lo ocurrido, ha obtenido el silencio como única respuesta.