El juez investiga si Colau apoyó con dinero público a entidades que fomentan la okupación

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, deberá declarar como imputada el próximo 4 de marzo por el reparto de subvenciones a entidades afines a los comunes entre 2014 y 2021. Serían unos 80 millones de euros, según la querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Pero además, una de las cuestiones que quiere aclarar el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona es si este dinero público que fue a parar a entidades como el Observatorio DESC, en el que trabajó Colau antes de dar el salto a la política, se pudo utilizar para fomentar actividades relacionadas con la ocupación.

En el punto de mira está un convenio firmado entre el ayuntamiento y este Observatorio y que hace referencia a un proyecto llamado «Derecho a la vivienda y a la energía: empoderamiento colectivo y asesoramiento jurídico social». Según explica la entidad uno de los ejes básicos de este proyecto es el «empoderamiento de las personas afectadas por hipoteca, alquiler o ocupación en precario y pobreza energética». Pues bien, para la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática puede suponer que «el Ayuntamiento de Barcelona emplea el erario público en asesorar» a quienes hacen ocupaciones ilegales.

La querella, según avanza el diario El Mundo, dice que «No parece, por tanto, un fin acorde con el interés público, a los efectos de la concesión de una subvención, el 'empoderamiento de las personas afectadas por ocupación en precario, orientación básica e información sobre procedimientos judiciales', cuando explícitamente se está refiriendo al asesoramiento organizado y pagado con fondos públicos de lo que otra institución del Estado, como es la Fiscalía, trata de atajar con intensidad y considera que puede llegar a ser delincuencia organizada».

No hay que perder de vista que las okupaciones ilegales son un problema en Cataluña, que de hecho, lidera el ranking en España. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en esta comunidad autónoma hubo 5.689 ocupaciones, un 42% de las registradas en todo el país hasta septiembre de 2021. Cifra que triplica la de Andalucía y cuadriplica la de Madrid. Y es en la provincia de Barcelona en la que se concentran la mayoría de estas ocupaciones ilegales, tres de cada cuatro.

Pero más allá de esta cuestión sobre la okupación ilegal, en la querella se denuncia la falta de mecanismos para justificar «la excepcionalidad de las subvenciones» y la falta de controles para comprobar que las entidades subvencionadas cumplían con los objetivos descritos . De ahí que los querellantes consideren que buena parte de estas ayudas públicas han servido para pagar, entre otras cuestiones, el sueldo de los empleados de estas organizaciones, así como equipamientos.