Las claves del contrato de compra de las mascarillas a la empresa donde trabaja el hermano de Ayuso

¿Es delito que una Administración Pública adjudique contratos o servicios a una empresa que guarda relación con un familiar? ¿O es poco elegante pero legal?. El presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso con el que Génova pretendía descubrir irregularidades en el marco de las contrataciones de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive SL, para el aprovisionamiento de material de protección -mascarillas- para el pabellón 10 de IFEMA, durante la primera ola de la pandemia, ha puesto sobre la mesa una cuestión que, lejos de la polémica mediática y de la guerra política, cumplió con un marco jurídico claro. Así lo acredita la resolución pública de la Subdirección General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud a la que ha tenido acceso El Debate, plenamente ajustada a Derecho.

Tal es así que, el 24 de marzo de 2020 y «ante la situación sobrevenida» durante la crisis sanitaria del coronavirus la Consejería de Sanidad, de acuerdo con la memoria justificativa emitida por la Dirección General de Procesos Integrados de Salud, declaró la «emergencia en la tramitación» de un expediente de contratación «conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la adquisición centralizada de equipos de protección individual» para el personal sanitario madrileño.

Un escenario en el que, según corrección comunicada por la propia Administración autonómica competente, con fecha 1 de abril de 2020, se dio «conformidad a la oferta presentada por la entidad» concesionaria «para la adquisición» de 250.000 unidades de mascarillas FPP2-3 «por el importe» unitario de 5 euros, con fecha de entrega fijada el día 10 de abril.

Los supuestos hechos que han llevado a la presidenta madrileña a verse salpicada por una nueva polémica relacionada con su entorno familiar -del que nunca ha podido probarse ni el más mínimo rastro de trato de favor ni tráfico de influencias, pese a que han sido numerosas las ocasiones en las que se ha intentado- se refieren a la adjudicación de un contrato de emergencia, «legal y ajustado en precio», visado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), por importe de 1,5 millones de euros, para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la empresa propiedad de Daniel Alcazar, amigo de la infancia de los Díaz Ayuso, por el que presuntamente -ya que hasta la fecha no hay ninguna evidencia en contrario- el hermano de la líder del Ejecutivo madrileño, Tomás, habría recibido comisiones.

No en vano, la Comunidad de Madrid lo tramitó «en uso de las atribuciones» que le fueron «conferidas por las disposiciones vigentes» en aquel momento -«artículo 1 del Decreto 308/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno», por el que se estableció «el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud- así como «el artículo 3.4 del Decreto 49/2003, de 3 de abril», por el que se aprobó «el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid».

Hasta la fecha, y según ha podido saber El Debate no consta que haya habido recurso alguno contra las resoluciones cuestionadas, ni impugnación de las mismas o demanda judicial contra ellas por ningún motivo. Pese a ello, en las últimas horas ha trascendido cómo varias personas cercanas al Partido Popular nacional trataron de averiguar si el hermano de Díaz Ayuso se había beneficiado, de manera indirecta, por el contrato adjudicado a su amigo.

Presuntamente habría sido la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid –que cuelga del Gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida– la que encargó, el pasado mes de diciembre, un presupuesto a la empresa de detectives Grupo Mira para rastrear las cuentas bancarias de Tomás Díaz Ayuso, sus declaraciones de IVA, así como la facturación de Priviet Sportive SL, la empresa a la que se concedió el contrato.

No es la primera vez

Sin embargo, aunque no con las dimensiones que ha adquirido en esta ocasión, no es la primera vez en la que la oposición política intenta rastrear en el entorno más íntimo de Isabel Díaz Ayuso con el objetivo de encontrar alguna irregularidad. La más reciente, el señalamiento a la empresa Asseco para la que trabaja su expareja, Jairo Alonso, como jefe de Operaciones desde noviembre de 2021, por incrementar su facturación por contratos suscritos con la Comunidad de Madrid, eso sí, anteriores a la llegada de Alonso a su puesto.

Antes, un total de 17 denuncias rechazadas de plano, archivadas a petición de la Fiscalía, desestimadas o sobreseídas, contra la presidenta madrileña. Ni una sola de todas ellas -interpuestas por diferentes colectivos, partidos políticos, entidades y organizaciones contra Isabel Díaz Ayuso, desde que llegase al cargo, en agosto de 2019- han prosperado. La última entrega, el informe remitido por la Fiscalía a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el que, el Ministerio Público, descartó rotundamente cualquier implicación de la presidenta madrileña unos hechos vinculados con la sociedad Infortécnica, S.L. de la que eran propietarios sus padres.

Ni tuvo vinculación alguna con la misma, ni se benefició en absoluto «ni puede ser considerada deudora en relación con el impago» de un crédito a favor de la misma, a través de Avalmadrid «lo que excluye la posibilidad de ser considerada autora material» de ningún delito, recalcó el fiscal y confirmó el Supremo.