El Gobierno ocultó y negó su arreglo con Marruecos en un documento oficial el 1 de marzo

El Gobierno ocultó y negó su cambio de postura respecto al Sáhara Occidental hasta el último momento. Y lo hizo, incluso, desmintiendo su acuerdo con Marruecos en un documento oficial al que ha tenido acceso El Debate. Ello redunda en la opacidad con la que se llevó a cabo la operación, aunque la portavoz del Gobierno prefirió hablar de «discreción» desde la mesa del Consejo de Ministros.

El martes 1 de marzo, exactamente 17 días antes de que Marruecos hiciera pública parcialmente la carta enviada por Pedro Sánchez a Mohamed VI, el Ministerio de la Presidencia envió a Vox una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria en la que aseguraba: «La posición de España es constante». Y remitía a la vía de la ONU, la que hasta ahora habían apoyado los sucesivos gobiernos de España sin excepción.

La propia Isabel Rodríguez señaló este martes que el «acuerdo a dos partes» –así lo definió– por el que España bendice el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental ha sido «un trabajo de meses, no de un día». Y este documento es la prueba gráfica de cómo Pedro Sánchez lo tapó hasta el final.

La respuesta gubernamental lleva el membrete de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales que dirige Rafael Simancas. Y, en ella, el Gobierno utilizaba, textualmente, fragmentos de la resolución 2602 sobre el Sáhara Occidental que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 29 de octubre de 2021. Haciéndolos suyos.

De hecho, el documento remitido al grupo parlamentario de Vox rezaba: «Sobre la cuestión del Sáhara Occidental, la posición de España es constante. España defiende la centralidad de Naciones Unidas y apoya los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas en la búsqueda de una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable, tal y como establecen las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad, y en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas».

Esas resoluciones de la ONU que hacía suyas el Gobierno semanas antes de su giro de guion, también la número 2602, hacían mención a la libre determinación del pueblo saharaui. En concreto, a su «compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental».

Vox se lo vio venir

El documento es la respuesta a una pregunta registrada por varios diputados de Vox a principios de febrero, en la que se interesaban por la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez «con respecto al reino alauita, así como previsiones acerca de cambiar su postura sobre la soberanía del Sáhara Occidental».

Ya por aquel entonces, en el partido de Santiago Abascal oían que el río sonaba, aunque el Gobierno se lo negó. No en vano, a finales de enero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajó a Washington para entrevistarse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Tras ese encuentro, Albares destacó que ambos habían acordado «unir fuerzas para resolver este conflicto que ya dura demasiado y para el que hay que encontrar solución», pero no fue más allá. Así que Vox quiso saber qué había querido decir, toda vez que Estados Unidos reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara ya en tiempos de Donald Trump.

En su respuesta a Vox, el Gobierno también destacaba que el titular de Asuntos Exteriores había sido «el primer ministro de un país miembro Grupo de Amigos del Sáhara Occidental en mantener un encuentro con el nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, el 3 de diciembre de 2021». «Asimismo, el pasado 21 de enero, el Ministro recibió al Sr. De Mistura en Madrid, encuentro durante el cual tuvo la oportunidad de reiterarle el compromiso de España en su labor para encontrar una solución política para resolver un conflicto que dura décadas», añadía.

El resto del documento era un canto al deseo de España de «mantener la mejor relación de vecindad posible con Marruecos, socio estratégico» y de buscar «el beneficio mutuo». «Defendiendo siempre los intereses de España», añadía.

El propio Albares, en una comparecencia en el Congreso el 16 de diciembre pasado, señaló muy críptico al respecto de la relación con el reino alauita: «Tenemos que construir una relación del siglo XXI, sin duda alguna, pero, desde luego, la crisis (en alusión al affaire Ghali) ha quedado atrás. Ahora, una vez que la crisis ha quedado atrás, tenemos que seguir dando pasos para construir una relación aún reforzada y una relación del siglo XXI», afirmó. Lo que pocos podían imaginar entonces es que esa «relación del siglo XXI» supondría dar un volantazo a una postura mantenida por España durante más de cuatro décadas; por más que los portavoces del Gobierno y del PSOE sigan insistiendo en que «no ha habido cambio de posición».

Este miércoles, Sánchez participará en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y después visitará Ceuta y Melilla para reunirse con los presidentes de ambas ciudades autónomas. Así que al fin hablará sobre su decisión, cinco días después de conocerse la carta a Mohamed VI.

Tanto el presidente de Ceuta como el de Melilla apoyan el giro diplomático con la esperanza de que a partir de ahora Marruecos cierre el grifo migratorio. Como desveló este periódico el lunes, los servicios de inteligencia habían alertado al Gobierno de que el vecino del sur pudiera estar tramando otra avalancha migratoria como la del pasado mayo para presionarle.

En paralelo, el ministro Albares comparecerá por la tarde en el Congreso para responder –al menos en teoría– todas las preguntas que no quiso responder la portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros. El titular de Asuntos Exteriores tuvo este martes un aperitivo en el Senado, donde insistió en que España solo ha pretendido «contribuir a desencallar un conflicto de 46 años con una solución mutuamente aceptable».

Mientras él estaba en la Cámara Alta, en el pleno del Congreso los diputados de Unidas Podemos exhibieron banderas saharauis y telas durante un debate sobre bajas de maternidad que nada tenía que ver. La presidenta, Meritxell Batet, les afeó su conducta. Pese al enfado que vienen mostrando los morados desde el pasado viernes, también han dejado claro que no piensan abandonar el Gobierno. Según Yolanda Díaz, por «responsabilidad».