Robles dice que el CNI está sujeto a control judicial y cuestiona el supuesto espionaje a los separatistas
La ministra de Defensa reprocha que se lancen acusaciones sin pruebas y asegura que las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia siempre se ajustan a la legalidad
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que el Gobierno siempre se ha ajustado a la legalidad, en relación con el supuesto caso de espionaje a dirigentes secesionistas con el sistema «Pegasus». Robles ha subrayado que todas las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están sujetas al control judicial y ha subrayado que existe además un control parlamentario. La ministra ha cuestionado en este sentido la información que desvelaba el supuesto escándalo y afirma que, «con todo respeto a la ONG que ha elaborado el informe, acusaciones tan serias hay que sustentarlas con una mínima carga probatoria».
Robles, que ha hecho estas declaraciones durante una entrevista en el programa «24 horas» de RTVE, ha subrayado que el CNI no puede defenderse porque sus acciones están sujetas a secreto por ley. «Es fácil lanzar acusaciones contra quien no puede defenderse. Pero tiene que quedar claro que el CNI siempre cumple con la legalidad dentro del Estado de Derecho».
La ministra ha querido destacar asimismo que «si hay un Gobierno que ha apostado por la vía del diálogo en Cataluña ha sido el de Pedro Sánchez, incluso con un coste político por las decisiones que ha tomado para seguir la vía política».
Borrás pide dimisiones
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el presunto espionaje de Pegasus a dirigentes independentistas.
«Debe dimitir Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que permite esta guerra sucia estructural, su ministro del Interior y su ministra de Defensa», ha asegurado en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.
Tras considerar adecuado que la Generalitat congele las relaciones con el Gobierno tras este presunto caso de espionaje, ha reclamado también «consecuencias políticas que vayan más allá» de ello, y ha dejado en manos de los partidos articular una respuesta al respecto.