José Domingo: «La inhabilitación a Quim Torra es un aviso para otros consejeros»

José Domingo (Barcelona, 1959) es presidente de Impulso Ciudadano y asesor en temas jurídicos de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Suele permanecer en un discreto segundo plano, pero ha contribuido decisivamente a la «semana horribilis» del independentismo. Por un lado, buena parte de la estrategia jurídica para conseguir llegar hasta la sentencia del 25 % de castellano y luego su aplicación, parte de él. No en vano es letrado de la Administración de la Seguridad Social. Y también fue la entidad que preside, Impulso Ciudadano, la que ha conseguido la segunda condena al expresidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia.

Por cierto, Domingo fue diputado por el Parlament. Estuvo en el primer grupo parlamentario de Ciudadanos, entre 2006 y 2010 junto a Albert Rivera y a Antonio Robles.

–Parecía que no iba a llegar nunca, pero el TSJC ha dado diez días al Govern, al consejero de Educación para que dé instrucciones y aplique la conocida como sentencia del 25 % de castellano. Aunque no quiere decir que se tenga que dar solo este 25 %.

–Ese matiz es muy importante, porque la sentencia lo que viene es a aplicar el modelo de conjunción lingüística que garantiza enseñanza en castellano y en catalán con unos mínimos.

Como lenguas vehiculares, el TSJC dice que, al menos, un 25 % de la enseñanza debe darse en castellano o en catalán. Y el otro 50 % repartirse en función de la realidad social o en función de los proyectos lingüísticos, es decir, si un centro quiere potenciar el inglés u otra lengua extranjera. Es una buena situación que permite a los adultos conseguir un dominio de las dos lenguas y además respetuosa con las lenguas mayoritarias en Cataluña.

–Pero eso no se ve así por parte del nacionalismo.

–Por eso cuando se desinforme y se dice que es una sentencia en contra del catalán, yo digo: de modo alguno. Esta sentencia es a favor de la cohesión social, esas palabras tan manidas y que se garantizan gracias a ese modelo, puesto que esa fue la opción del legislador en Cataluña. No hubo la opción de elección de lengua, sino un modelo en el que en los centros están presentes de forma equilibrada los dos idiomas. Y es una buena opción.

–El consejero de Educación ha anunciado un recurso a la interlocutoria, pero ha dejado abierta la puerta a dar las instrucciones que le pide el TSJC y enviarlas a los centros.

–No tiene otro remedio, tiene que cumplir el auto del TSJC que es muy claro: le ha requerido personalmente que dicte unas instrucciones. El alcance del recurso de reposición será limitado. Además, se va a centrar en el hecho de que la AEB no tiene legitimación activa para interponer una demanda de ejecución forzosa de la sentencia.

El TSJC nos la ha reconocido, pero eso va a ser el concreto alcance del recurso de reposición. Pero eso no va a cambiar nada, aun cuando a la AEB le quitaran la legitimación, que no lo creo, el tribunal ya ha fijado posición: se debe ejecutar forzosamente la sentencia porque ha comprobado que no se ha hecho.

De oficio, el TSJC mantiene su criterio, con lo que no va a acontecer ningún cambio en cuanto al cumplimiento del auto. Tendrá que dictar las instrucciones a todos los centros educativos. No es difícil. Bastaría que dijera que se programara de aquí a final de curso una asignatura o las que sean necesarias para que se garantice la enseñanza del 25 % en castellano. No tiene eso ninguna complejidad.

–Una de las cosas que alegan desde el departamento es que estamos a final de curso y no hay tiempo de aplicar cambios.

–No es así. Lo vemos en los distintos procedimientos individuales que lleva a cabo la AEB asesorando a padres. Los directores de centro, cuando se produce el cambio a mitad de curso, adaptan el grupo clase introduciendo un a o dos asignaturas en función de los porcentajes, sin complicación. Se está poniendo como una situación dramática, algo que debe entrar dentro de la normalidad.

Se está poniendo como situación dramática algo que debe entrar dentro de la normalidad

–Algunos directores han pedido al consejero instrucciones por escrito en caso de que se les inste a desobedecer. Hay sueldo y trabajo en juego.

–Pero la actual normativa no impide a los directores que modifiquen la programación de forma voluntaria, sin necesidad de instrucciones. En la carta que enviaremos a los centros, se les va a recordar que tienen competencia para hacerlo, que no necesitan ninguna instrucción del consejero puesto que la Ley Orgánica de Educación les permite modular la enseñanza en las lenguas oficiales en función de la realidad social, con lo que no hay inconveniente en hacerlo, no hace falta que esperen.

En cualquier caso, si hay alguno que quisiera esperar la instrucción, que sepa que puede correr un cierto riesgo, porque la Fiscalía ya recordó que era notorio que tenían que cumplirlo. El responsable primero de la ejecución es el consejero, pero no hay ningún inconveniente en que los directores adapten el modelo a uno de conjunción lingüística. Y un ejemplo es el propio consejero Cambray. La prensa publicó que Cambray lleva a sus hijos a un centro educativo donde se da 25 % de castellano, y no pasa nada.

–En el supuesto caso de que en algún centro no se cumpla la sentencia, ¿qué camino deben seguir los padres?

–La AEB les dará el asesoramiento pertinente. En estos casos habrá que acudir a la acción judicial en función de los términos en que se produzca. Puede ser por vía de contencioso administrativo y si es más radical o recalcitrante, la posición de los directores, mayor responsabilidad, de orden penal.

Pero desde la AEB no hay interés en judicializar las acciones contra los directores de los centros porque confiamos en el principio de buena fe de las administraciones y además tienen que cumplir la sentencia. Confiamos en que no será necesario acudir a esas vías.

–Hablemos del papel de la Alta Inspección educativa. Desde el ministerio dicen que será complicado cumplir con el requerimiento del TSJC. Pero entonces, ¿cómo pueden saber las entidades lo que pasa en los centros y la Alta Inspección no?

–La AEB estudió casi 2.500 proyectos lingüísticos en un período corto de tiempo, en 2019. Y antes de presentar la demanda, otros 300 que se aportaron al tribunal par que vieran que no se había cambiado nada y se daba enseñanza sólo en catalán. La Alta Inspección tiene una posibilidad: usar los mecanismos electrónicos. Y cuenta con los correos de todos los centros educativos de Cataluña. Basta con que les comunique que existe esa sentencia que tiene que dar cumplimiento y que le informen sobre las medidas que han adoptado.

Y tiene que decirles la verdad, porque un director de un centro educativo, puesto que es un empleado público, si comete alguna falsedad estará cometiendo una falsedad en documento oficial. No es demasiado complejo, hay que hacer un sobreesfuerzo, y el ministerio poner los medios al alcance de la Alta Inspección, que, en cualquier caso, tiene que verificar.

Aquí se está confundiendo a la opinión pública

Aquí se está confundiendo a la opinión pública. No tiene que entrar en cada uno de los centros para ver cómo se dan las clases, sino consultar, pedir a los directores y a la consejería de que le informen sobre cómo se está cumpliendo la sentencia. Es lo que le ha pedido el tribunal, no que entre en cada clase o en cada aula para ver si las clases se están dando en castellano o en catalán. Sólo que verifique cómo se hace.

–Está dando a la Alta Inspección la fórmula. Basta con que lean esta entrevista.

–Es una fórmula relativamente sencilla. Tienen la solución, no hay mayor enjundia.

–Parece mentira que todavía a estas alturas estemos hablando de este tema. Por qué cuesta tanto que se cumple la sentencia sobre el uso del castellano en la educación en Cataluña.

–Porque hay un componente político, no pedagógico. La razón por la que determinados grupos políticos están empeñados en que el catalán sea la única vehicular tiene un componente hispanófobo. Sin dudas. No quieren el castellano como lengua vehicular en las aulas, y no es por una razón pedagógica.

No es que quieran que los alumnos conozcan mejor el catalán, no. Sólo ponen el grito en el cielo cuando las clases se dan en castellano

No es que quieran que los alumnos conozcan mejor el catalán, no. No ponen el grito en el cielo cuando esas horas se dan en francés, en inglés o en italiano. Sólo lo hacen cuando se dan en castellano. Y es por ese componente hispanófobo que por desgracia tiene el nacionalismo catalán y que ha acreditado a lo largo de la historia. Es esa razón, no otra.

–La situación en Cataluña sobre esa cuestión es excepcional.

–Lo es en el contexto de los países democráticos con lenguas cooficiales. Lo habitual es que se enseñen en los dos idiomas. Aquí no. cuando hemos estudiado los proyectos lingüísticos, hemos comprobado que son muy minuciosos. Establecen que el lenguaje de los profesores con los alumnos debe ser siempre en catalán; también cuando hablan los profesores entre sí; que las relaciones de las actividades extraescolares deben ser siempre en catalán; que la rotulación de los centros educativos tiene que ser siempre en catalán; que las asignaturas lingüísticas se tienen que dar en el idioma correspondiente y el resto, en catalán. Y en muchos de ellos no se cortan y dicen expresamente que esa razón es de país, es una razón nacionalista. Por lo tanto, el fundamento de todo este entramado legal, institucional es nacionalista, no pedagógico.

–Que comparten muchos profesores.

–Los sindicatos educativos han salido en tromba a defender la inmersión.

Los dirigentes de los sindicatos no siempre reflejan la voluntad de los profesores

Los dirigentes de los sindicatos no siempre reflejan la voluntad de los profesores. Hay un buen número que profesores consideran que consideran que se tiene que aplicar la sentencia. De hecho, a la AEB se acercan docentes agradeciendo el papel que desarrolla de liderazgo en esta materia, porque ellos, por el contexto en el que se mueven, no tienen la libertad para poderlo hacer de forma diáfana.

–Hablamos de semana horribilis para el independentismo, porque también se ha conocido la sentencia por desobediencia al expresidente de la Generalitat, Quim Torra, por no descolgar una pancarta ideológica de la fachada del Palau.

–En el tema de la defensa de la neutralidad de las instituciones tenemos un cierto bagaje. En otras ocasiones hemos iniciado acciones a favor de que en las fachadas edificios oficiales, las calles, no sean utilizadas como instrumento a favor de una determinada ideología. Los edificios oficiales no tienen una ideología oficial.

Únicamente lo que les representa son las banderas oficiales, los símbolos oficiales. En Cataluña, la bandera de España, la Senyera y la del municipio. Aunque legalmente sólo está la obligación de poner las banderas de España y la de Cataluña porque son las que oficialmente representan a todos los ciudadanos. Si se coloca un determinado lema u otras banderas que no sean esas, se esta haciendo política desde la fachada de las instituciones. Y ahí están todos.

Otra cosa es que en el ejercicio de la acción política los partidos que gobiernan intenten imponer sus programas políticos, pero no en las fachadas, porque la institución es de todos. Además, es patrimonio público y por lo tanto, está sometido a las leyes y al servicio del interés general. Y esto que es el ABC de la democracia, en los períodos electorales es todavía mucho más garantista, la necesidad neutralidad ideológica.

–Pero en el caso de esta segunda sentencia condenatoria a Torra no se estaba en período electoral.

–La peculiaridad que ha tenido la segunda condena de inhabilitación al señor Torra i Pla es que Impulso Ciudadano puso en marcha una petición fuera de período electoral, puesto que parecía que sólo tenían que cumplir con la neutralidad de las instituciones en periodo electoral. Y no, no. Los tribunales han dejado muy claro que la neutralidad institucional está presente en el continuo de la administración.

Y Quim Torra entendió que la Generalitat era suya y que podía poner lo que él pensaba en la fachada del Palau. Y el TSJC en su momento, le dijo que no. Es más, como no quiso cumplir el auto del TSJC, ha incurrido en un delito de desobediencia. Esto es un buen aviso para navegantes para otros consejeros, para que vean cuál es el camino que puede llevar una situación de desobediencia, bien como es este caso, por no quitar una pancarta de un edificio; o bien por no cumplir un auto del 25 %. Pero la situación es que se está desobedeciendo una resolución judicial y por eso ha sido condenado.

También se dice por parte del señor Torra y sus representantes procesales que en este caso se limita la libertad de expresión. No. Se le condena por no cumplir una resolución judicial.

–Impulso Ciudadano ha elaborado un informe sobre violencia política en Cataluña, y que refleja, entre otras cuestiones, que el 31 % de los actos violentos políticos son de carácter hispanófobo y casi el 89 % de estos incidentes están perpetrados por independentistas.

–La violencia política, los incidentes de odio político en Cataluña tienen un origen independentista en su gran mayoría. Pero es que los principales organizaciones o partidos independentistas son atacadas por otros independentistas. Sin embargo, aquí se ha extendido el bulo de que la mayoría de los actos violentos políticos en Cataluña estaban provocados por la extrema derecha españolista. Pues no. No es verdad. Prácticamente la presencia de actuaciones de ese corte político en Cataluña es inexistente.

La violencia política, los incidentes de odio político en Cataluña tienen un origen independentista en su gran mayoría

La ideología independentista es la que nutre a las formaciones más violentas e intolerantes en Cataluña. Y eso lo pone de manifiesto el informe del Observatorio Cívico de la violencia política en Cataluña. Y esto lo reflejan otros informes anteriores.

Pero, además, en este hemos observado que la hispanofobia, por desgracia, el odio a lo español, al castellano, el odio a lo que significa España está especialmente presente en las actividades de las agresiones que se producen por parte de las formaciones más radicales.