La bala en la recámara de Sánchez contra Unidas Podemos: una ley de financiación de la Defensa

El atajo al que ha recurrido Pedro Sánchez para aprobar una inyección de 1.000 millones de euros al Ministerio de Defensa, utilizando el Fondo de Contingencia para esquivar a Unidas Podemos y al Congreso, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de dotar a España de una ley de financiación de las Fuerzas Armadas.

Se trata de una herramienta que llevan años solicitando el PP, Vox y Ciudadanos para dotar de mayor estabilidad las inversiones en defensa; máxime ahora que el presidente del Gobierno se ha comprometido con la OTAN a que, en 2029, el gasto militar de España habrá alcanzado el 2 % del PIB. Y, sobre todo, teniendo Sánchez los socios que tiene en el Ejecutivo y en el Parlamento, contrarios a cualquier aumento del presupuesto del departamento de Margarita Robles.

Hasta ahora, el presidente ha venido rechazando la fórmula de una ley específica que garantice y blinde la financiación de las Fuerzas Armadas. Primero, porque considera suficientes los Presupuestos Generales, el Fondo de Contingencia y los anticipos del Ministerio de Industria para la financiación de los Programas Especiales de Armamento, que son las tres fuentes económicas de las que bebe actualmente el Ministerio de Defensa.

Segundo, porque el presidente sabe que encontraría la oposición frontal de la mayoría Frankenstein para la aprobación de una ley así. Y tercero, porque lo considera un arma de doble filo para un futuro Gobierno del PP; puesto que los socialistas creen que ello abriría la puerta a la privatización de la defensa nacional.

El presidente está buscando soluciones imaginativas para salir de la encrucijada

Sin embargo, el presidente puede acabar pensándoselo mejor, dado que está buscando soluciones imaginativas para salir de la encrucijada en la que se encuentra: por una parte, se ha comprometido con la OTAN y con la Comisión Europea a que, hasta 2025, aumentará el presupuesto en defensa en cuatro décimas del PIB (más de 4.800 millones de euros) pero, por la otra, Yolanda Díaz y Podemos no quieren que en los Presupuestos Generales de 2023 se destine un céntimo más al gasto militar.

Para esta ley de financiación de las Fuerzas Armadas sí contaría con el apoyo de todo el centro derecha. El propio Alberto Núñez Feijóo puso sobre la mesa de Sánchez esa fórmula ya antes de la Cumbre de la OTAN, en la propuesta para un Pacto de Estado en materia de defensa y seguridad que le remitió a mediados de junio. Sin obtener respuesta.

En él, el líder de la oposición justificaba la necesidad de una Ley de Financiación de la Defensa Nacional en que debe garantizarse «la suficiencia económica y la estabilidad en la programación y sostenibilidad de nuestras capacidades militares, creando un marco legal estable para inversiones presupuestarias a largo plazo».

El debate de mayo en el Congreso

Un mes antes, en mayo, Ciudadanos llevó a la Comisión de Defensa del Congreso una proposición no de ley en la misma línea. En su caso, los naranjas apostaban por un «sistema de financiación a largo plazo autónomo e independiente de intereses políticos, desvinculado de los Presupuestos Generales del Estado, y en el que se establezca un umbral mínimo de inversión del 2 % del PIB en un plazo máximo de cinco años».

En el texto, Cs ponía los ejemplos de Francia, Portugal, Bélgica y Polonia, donde existen leyes de financiación de la Defensa plurianuales y al margen de la coyuntura económica. En el caso de Francia, desde los años 60 se han aprobado 13, por sexenios.

Y recordaba que en España existió algo parecido hasta principios de los años 90, con las llamadas leyes sobre dotaciones presupuestarias para inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas. «A través de estas leyes se logró modernizar nuestros Ejércitos, su armamento, equipos y sistemas, a la vez que se contribuía decididamente al desarrollo de la industria de la Defensa y del tejido empresarial nacional», rememoraban los de Inés Arrimadas.

Durante el debate de la iniciativa, la diputada del PSOE Navidad González señaló que la Constitución «otorga a los Gobiernos la facultad de dirigir la defensa y seguridad nacional y el mantenimiento de la paz y la estabilidad» a través del artículo 97 del título IV.

También acusó al PP, Vox y Cs de querer privatizar la defensa nacional. «¿Acaso pretenden que España tenga un Ejército privado, como la empresa militar privada de Putin, una de las organizaciones más secretas de Rusia? ¿Quieren ustedes hacer negocio con la defensa nacional? Solo así se entendería que pidan una financiación al margen de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, fuera del control parlamentario, de la soberanía popular y ajena a la transparencia exigible en una democracia», sostuvo la socialista. Aunque los partidos aludidos en ningún momento hablaron de una ley sin control del Congreso. Todo lo contrario.

Desde aquel debate han pasado cosas intramuros de la Moncloa. Fundamentalmente, ha pasado que Unidas Podemos y toda la mayoría Frankenstein se han plantado contra el aumento del gasto en defensa. También Sánchez se opuso inicialmente a rebajar el IVA de la electricidad al tipo superreducido, como pedía el PP, y después de la derrota del PSOE en las elecciones andaluzas acabó haciéndolo. Así que la oposición no descarta nada.