La entrada en vigor de la reforma del TC aumenta la presión de los jueces progresistas al PP para renovar el Poder Judicial

La polémica reforma exprés aprobada por el Gobierno, con el apoyo de sus socios de Podemos, ERC y Bildu, para que el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) prorrogado, nombre a sus dos magistrados de cuota en el Constitucional -antes del próximo día 13 de septiembre- entra en vigor este viernes, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La modificación socialista que revocó, en parte, el bloqueo del Consejo para hacer nombramientos discrecionales, una vez estuviese caducado, ha puesto en marcha la maquinaria para la renovación del Tribunal de Garantías, cuyo Pleno tendrá mayoría progresista, y ha intensificado la presión de los jueces más próximos a la izquierda sobre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo para que se pliegue a negociar la aprobación de un nuevo CGPJ, antes del final de la legislatura.

Así las cosas, la asociación profesional Juezas y Jueces para la Democracia se ha dirigido hoy por carta a Núñez Feijóo, reclamándole públicamente que permita desenquistar la parálisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -impuesta por el PSOE y Podemos el pasado mes de marzo- «que su partido impide desde hace más de tres años con excusas de diversa índole que suponen», a juicio de la asociación, «desacatar la Constitución y el incumplimiento de la ley».

JJpD asegura en el texto remitido al líder de los populares que él mismo fue quien «hace un año hizo semejante recordatorio a su predecesor, D. Pablo Casado, mostrando su preocupación por el reiterado incumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución Española», que recoge un plazo máximo de cinco años para la duración del mandato del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Por ello, JJpD dice «sentirse en la obligación de tener que recordárselo también a Alberto Núñez Feijóo, que como nuevo presidente del Partido Popular conoce mejor que nadie, lo necesario de la renovación de cargos». Y le remarcan cómo «la renovación en las instituciones también es necesaria», que el Consejo lleva más de tres años en funciones, y que la situación «afecta a un órgano constitucional, el CGPJ, y perjudica a uno de los poderes del Estado, a toda la ciudadanía y la sociedad».

JJpD ha exigido a Núñez Feijoo «cooperación» para que «el Consejo General del Poder Judicial pueda cumplir su labor con normalidad»

Además, la asociación judicial insiste en que el actual presidente del PP «ha desempañado la máxima representación del pueblo gallego durante años y sabe la importancia que tiene el respeto a las instituciones democráticas», y le recuerda que «la Constitución tiene que cumplirse y, ahora que tiene responsabilidades nacionales, debiera cuidar también de atender sus previsiones y acatarla».

La carta finaliza reclamando al presidente del PP «un ejercicio de responsabilidad institucional que facilite el correcto funcionamiento de nuestro sistema constitucional, propiciando con su cooperación que el Consejo General del Poder Judicial pueda cumplir su labor con normalidad, apartándolo de este trienio de interinidad al que ha conducido su negativa a renovarlo».

La dimisión del presidente del CGPJ

Hasta la fecha, y antes de la entrada en vigor de la nueva reforma que hoy arranca, la limitación de funciones ordinarias del CGPJ por parte del Ejecutivo socialista le impedía nombrar a dos de los cuatro candidatos que deben reemplazar la terna de magistrados del TC que vieron expirar su mandato el pasado 12 de junio, ya que por ley corresponde designar por partes iguales al Gobierno y al órgano de los jueces, con dos aspirantes cada uno.

«Para evitar esta situación, que puede causar dificultades en la renovación de los órganos constitucionales, se debe modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de introducir entre las facultades conferidas al CGPJ en funciones la de nombrar a los dos magistrados del TC que, en los términos previstos en el artículo 599 de la misma norma, le corresponde designar», reza la exposición de motivos elaborada por los socialistas para justificar la urgencia de su modificación normativa, con una emnienda parcial presentada in extremis por el PSOE a su propia proposición, que fija el 13 de septiembre como plazo máximo para que el CGPJ nombre a sus dos candidatos al TC.

Una vez consumado el propósito del Gobierno, con el apoyo de los socios de legislatura de Pedro Sánchez, y el Poder Judicial mirando a Europa para impedir los injerencias, los jueces progresistas ya movieron ficha. La misma asociación judicial que ahora presiona al Partido Popular para renovar el CGPJ pedía, entonces, la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, como fórmula para forzar a los populares a negociar la renovación. Ante la negativa férrea de la oposición, desde el Ejecutivo no descartan una segunda opción: descabezar al Consejo, nombrando a Lesmes nuevo magistrado del Constitucional.