El Consejo Fiscal decide el ascenso de categoría ansiado por Dolores Delgado

Pocos dudan en el seno de la Carrera Fiscal que el actual titular del Ministerio y sucesor de Dolores Delgado en el cargo, Álvaro García Ortiz, designará a su mentora como nueva fiscal de Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo. García Ortiz tendrá así la ocasión de devolver el favor a su antecesora –quien, tras su dimisión, defendió ante el Gobierno la idoneidad de su mano derecha para reemplazarla– y, además, de cumplir su ansiado sueño de ascender a la máxima categoría del escalafón que, hoy por hoy, la exsocialista no ostenta.

Pese a que Delgado es una de las aspirantes peor posicionada para la convocatoria –lo que ha hecho que, por primera vez, la relación de los candidatos a la vacante se haya confeccionado por orden alfabético y no por rango o antigüedad– y que sus afines son minoría en el seno del Consejo Fiscal que mañana decide sobre este asunto, fuentes próximas al órgano colegiado aseguran que «es improbable que Lola lo haya solicitado si no lo tuviese por asegurado».

Así las cosas, el Consejo Fiscal votará en su Pleno de este jueves sobre los candidatos a ocupar un total de 14 plazas, convocadas el pasado 1 de septiembre, entre las que se cuenta la exfiscal general del Estado Dolores Delgado, que aspira al puesto de fiscal jefe de Sala de la Fiscalía Togada de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo. «En la Unión Progresista de Fiscales (UPF)», asociación en la que militó Delgado antes de iniciar su trayectoria política, «siempre han sido muy propensos a las plazas vinculadas con lo castrense porque son muy agradecidas», señalan a El Debate fuentes conocedoras del caso.

Delgado, que dimitió el pasado 20 de julio alegando razones de salud tras la delicada operación de columna vertebral que sufrió en abril, posee plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN), pero este nuevo puesto le permitiría seguir subiendo en el escalafón del Ministerio Público. El PSOE intentó garantizar este ansiado ascenso para Delgado mediante un atajo rápidamente neutralizado y muy duramente criticado en sede parlamentaria que pasaba por incluir una enmienda en la Ley Concursal que habría supuesto que Delgado, y sus sucesores al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), fueran promovidos automáticamente a fiscal de Sala del TS al abandonar el cargo.

Delgado compite hoy con casi una veintena de compañeros, algunos con mayor antigüedad y otras con mejor currículum para el puesto, y que se enfrenta, además, a un Consejo Fiscal dominado por el sector más crítico con su gestión como fiscal general del Estado –tras las elecciones del pasado 4 de mayo que castigaron su gestión con un vuelco en la composición del CF por mayoría aplastante– todo apunta a que el puesto será suyo.

La votación, en su caso, contará con la oposición de los seis vocales de la Asociación Fiscal (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada que, sin embargo, en esta ocasión tendrá que abstenerse de emitir su veredicto porque su mujer, María Teresa Gálvez, opta al mismo cargo de Delgado.

A favor de la exministra los dos miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía Delgado, y los vocales natos: la teniente fiscal del TS y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente y el nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz que es quien, en definitiva, tendrá la última palabra porque la resolución del Pleno es consultiva pero no vinculante.

Además de Gálvez, que forma parte del equipo de fiscales de 'Púnica', al sillón de la Fiscalía Togada se postulan la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, María Belén Suárez; el fiscal de la AN Carlos Bautista; y los ya fiscales del TS Manuel Campos, Pedro Campoy, Rafael Escobar, Álvaro Redondo, Álvaro José García, Francisco Javier Muñoz, Luis Fernando Rey, Antonio Pablo Rives, Isabel Rodríguez, Olga Sánchez, María Ángeles Montes y María Isabel de las Cuevas.

Anticorrupción y Audiencia Nacional

Otro de de los puestos a cubrir es el de jefe de Anticorrupción. Su actual titular, Alejandro Luzón, busca revalidar y rivalizará para ello con Suárez, que también se ha postulado. El prestigio del primero, su experiencia al frente del Departamento durante su mandato y el hecho de que no esté afiliado a ninguna asociación profesional apuntan a que el fiscal repetirá en sus funciones durante los próximos cino años.

Por otro lado, a la plaza convocada en la Fiscalía Antidroga aspiran Luis María Uriarte, ya en esta fiscalía especial, y María Ángeles Roldán, de la Fiscalía de Madrid.

Miguel Ángel Carballo, por su parte, se presenta para continuar como teniente fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y número dos de Jesús Alonso recientemente renovado por Delgado, antes de su salida. Con el veterano fiscal también compite Marta Durantez, actualmente en la Secretaría Técnica de la FGE.

Una situación inédita que, alguien «de confianza» designada para dicha área abandone su puesto mientras continúa el equipo, lo que ha hecho pensar a muchos en lo ocurrido el pasado mes de julio, que reveló en exclusiva El Debate, cuando Carballo y uno de sus fiscales fueron corregidos por el propio Álvaro García Ortiz en el asunto de la prescripción del delito de «autoría mediata» en el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en Ermua, en 1995. Lo «más realista» sería pensar «en la salida» de Carballo, miembro de la AF al igual que Alonso, «y que se ubique a alguien como Durantez, de la UPF en la cúspide de un órgano esencial».

Los restantes destinos vacantes, catorce en total, los completan la Inspección Fiscal de la FGE; la Fiscalía Superior de Canarias y de La Rioja; las Fiscalías Provinciales de Granada, Málaga y Huesca; y, las Fiscalías de Área de Granollers, Sabadell, Ferrol y Móstoles.

El cometido del Consejo Fiscal, en estos trámites, será el de informar las propuestas de nombramiento, de modo que la decisión final sobre la «idoneidad» de cada uno de los candidatos que optan a cada puesto, estará en manos del fiscal general García Ortiz, que será quien remita el Gobierno la lista de candidatos elegidos para que el Consejo de Ministros proceda a su designación formal.